El martes, la presidenta Prohens anunció en el Parlamento Balear que el Gobierno autonómico aprobará desgravaciones fiscales para los propietarios que no incrementen el precio del alquiler el próximo año.
Una ley estatal que regula las subidas de los arrendamientos expira en 2026, y existe el temor de que cerca de 25.000 inquilinos en Baleares puedan enfrentarse a aumentos abruptos en contratos formalizados en 2021, cuando la actividad del mercado estaba deprimida debido a la pandemia.
La presidenta instó a los arrendadores a actuar con “responsabilidad” al no elevar las rentas, pero puntualizó que la desregulación de los precios fue una decisión del Gobierno de España, que originalmente había establecido un tope.
Prohens respondía así al portavoz de Més, Lluís Apesteguia, quien le instó a aprobar medidas para contener las subidas. “Llevan tres años en el poder y los precios de los alquileres han subido un 27%, mientras que los de compra se han incrementado en un 30%”, afirmó Apesteguia. “Esa es la consecuencia de sus políticas.”
El portavoz del PSOE, Iago Negueruela, señaló que estas bonificaciones ya están recogidas en la ley estatal. No obstante, para su aplicación, es necesario que Baleares sea declarada zona tensionada, algo a lo que Prohens se opone.