Tras el anuncio del gobierno español de conceder el derecho a vivir y trabajar legalmente en España a más de medio millón de migrantes en situación irregular, se ha producido un aluvión de comentarios de otros extranjeros en el país que no están de acuerdo con la medida. ¿Está justificado su descontento?
La palabra ‘expatriado’ es un término que, en líneas generales, dejamos de usar en The Local hace tiempo.
Está demasiado cargada políticamente. Algunos consideran su uso inofensivo; otros lo tachan de discriminatorio, ya que suele aplicarse únicamente a occidentales blancos y adinerados que se trasladan al extranjero por elección vital, a diferencia de lo que ocurre con los ‘inmigrantes’.
En realidad, sería erróneo sugerir que todos los extranjeros que llegan a España se enfrentan a las mismas circunstancias.
En función de su pasaporte, sus ingresos y su cualificación, optarán a distintos visados y obtendrán la residencia de formas diversas, su situación habitacional variará y la facilidad con la que se adapten a la vida en su nuevo país puede ser abismalmente distinta.
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En términos generales, las personas asociadas al término ‘expat’ lo tienen más fácil, mientras que aquellas que imaginamos al pensar en ‘inmigrantes’, no.
Pero no es todo ‘sol y arcoíris’ para unos y ‘tinieblas y desdicha’ para los otros.
Por ejemplo, un estadounidense que se traslade a España con un visado de nómada digital sigue siendo un ciudadano extracomunitario que debe renovar su permiso y mantener unos ingresos por encima de un umbral determinado para conservar su derecho de residencia.
Es muy probable que pueda permitirse un alojamiento mejor que el de muchos autóctonos, pero si decide establecerse en España de forma permanente, deberá esperar diez años para la ciudadanía, tendrá que volver a examinarse del carnet de conducir y es posible que tarde años en ver reconocidas sus cualificaciones obtenidas en el extranjero; no son dificultades trascendentales, pero distan mucho de ser ideales.
Compárese a ese estadounidense con, por ejemplo, migrantes irregulares venezolanos. Puede que hayan entrado en España con un visado de turista, no hayan tomado su vuelo de regreso y hayan sobrepasado el plazo, como ocurre en la mayoría de los casos de indocumentados en el país.
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A partir de ese momento, permanecen en un limbo legal durante varios años hasta que pueden solicitar la residencia por arraigo, lo que significa que, previamente, la única forma de ganarse la vida es trabajar en la economía sumergida. Ello implica carecer de asistencia sanitaria y prestaciones sociales, percibir salarios bajos, vivir en condiciones precarias y estar expuesto a la explotación laboral.
En una nota más positiva, si logran regularizar su situación, pueden obtener la ciudadanía española en dos años, mientras que la mayoría del resto de extranjeros (incluso europeos) deben esperar una década a través de la residencia.
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Lo que nos lleva a la gran noticia de esta semana: la regularización de más de medio millón de migrantes en situación irregular en España, una decisión precedida por más de 700.000 firmas de apoyo a la medida y el respaldo de sindicatos y la Iglesia.
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Han abundado las reacciones negativas a la noticia por parte de extranjeros angloparlantes en redes sociales, repitiendo tópicos sobre si estos migrantes obtendrán más beneficios que los autóctonos o si España perderá su identidad.
También hay muchos ciudadanos británicos, estadounidenses y otros anglófilos que apoyan la regularización del gobierno español y se apresuran a señalar a los críticos extranjeros la ironía de que desprecien a ‘otros migrantes’ siendo ellos mismos migrantes.
Otros optan por un enfoque más matizado, del estilo de “¿Para qué molestarme en solicitar el Visado No Lucrativo si podría obtener la residencia gratuitamente?”.
¿Tienen algo de razón? Al fin y al cabo, ellos siguieron las normas y probablemente invirtieron mucho dinero en obtener su residencia legal.
Pero deberían tener presente que quienes han vivido en España sin papeles durante años probablemente lo han pasado mucho peor que ellos.
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Cualquiera que sea su opinión sobre la decisión del gobierno español de otorgar residencia legal a más de 500.000 migrantes que ya viven en el país –y cada cual tiene derecho a la suya–, como extranjeros todos deberíamos estar agradecidos de que los socialistas en el gobierno estén protegiendo nuestros derechos, algo que Vox quizá no haría si alcanzase el poder.
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España garantizó que los británicos estuviesen protegidos por el Acuerdo de Retirada tras el Brexit, y ha acogido a cientos de miles de ucranianos desde que Rusia invadió su país.
Bajo el mandato de Sánchez, España es un país que muestra empatía hacia los foráneos, y en el contexto actual del mundo, eso es un bien escaso.
Añádase a esto que España necesita millones de migrantes más para mantener a flote el sistema de pensiones y bienestar, y que los extranjeros sin papeles realizan los trabajos que los españoles no quieren, y la regularización masiva de estas personas cobra pleno sentido.