La prestación universal por hijo planeada por España ha sido alabada como una medida necesaria para erradicar la pobreza infantil y fomentar que los españoles formen una familia. Pero, ¿qué probabilidades hay de que sea aprobada este año?
El gobierno español aprobó recientemente un plan para una asignación universal por hijo dirigida a todas las familias con niños, con el objetivo de eliminar la pobreza infantil más severa para 2030.
La ayuda de 200 euros mensuales estaría disponible para todas las familias si la medida llega a materializarse, lo que totalizaría 2.400 euros anuales por cada menor de 18 años.
A pesar de ser la cuarta economía más grande de la UE, España presenta una de las tasas de pobreza infantil más elevadas del bloque. Aproximadamente uno de cada tres niños vive por debajo del umbral de la pobreza (29,2 %), una cifra muy superior a la media comunitaria del 19,3 %.
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El riesgo de pobreza o exclusión social entre los menores es aún mayor, alcanzando el 34,6 %, en comparación con el 24,2 % en la UE.
Por más necesaria que algunos consideren esta prestación, aún no está claro cuándo o cómo entrará realmente en vigor.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, del socio de coalición de ultrazquierda Sumar, ha manifestado en una rueda de prensa su confianza en que la nueva ayuda por hijo “verá la luz lo antes posible”, añadiendo que “su impacto será extraordinario y extremadamente positivo para la democracia española”.
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Sin embargo, todavía no hay una fecha concreta para su aplicación. Por ahora, permanece en fase de propuesta dentro de la más amplia ‘Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030’. Bustinduy ha reconocido que el calendario político es ajustado.
La opción prioritaria que baraja el Ministerio de Derechos Sociales, según ha revelado al medio 20minutos, es incluir la prestación en los Presupuestos Generales del Estado.
No obstante, en los últimos años una mayoría parlamentaria frágil ha dificultado la aprobación de leyes al gobierno, sin que se hayan aprobado unos nuevos presupuestos desde 2023.
Esta es la primera vez que el gobierno incorpora esta asignación universal por hijo a una estrategia nacional.
El objetivo último es proporcionar una ayuda por cada menor de 18 años para aliviar la carga financiera de las familias, incentivarlas a tener hijos y, a la par, reducir la pobreza infantil.
Según estimaciones del Ministerio de Consumo, este apoyo económico reduciría la pobreza infantil en un 50 % y, en el 50 % restante, disminuiría su severidad en un 40 %.
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Otra complicación que podría retrasar su implementación es que la medida de Bustinduy debe ser refrendada por el Ministerio de Hacienda, clave para darle el visto bueno definitivo.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, del PSOE, se ha mantenido cautelosa, insinuando que cualquier nuevo beneficio universal podría requerir la reestructuración de otras ayudas estatales. “Si hay que mejorar una prestación única, habría que reorganizar todos estos pagos adicionales en alguna otra ayuda, sea cual sea su nombre”, declaró.
Esto choca con la postura de Bustinduy, quien mantiene la idea de proporcionar una renta directa y evitar las ayudas a través de la declaración de la renta, un sistema que a menudo deja fuera a las familias más vulnerables.
El departamento de Bustinduy ha señalado a los medios españoles que, si la vía presupuestaria fracasa—ya sea por falta de acuerdo político o por una nueva prórroga de los presupuestos anteriores—, también se contempla aprobar la prestación mediante un real decreto, un método ya utilizado por el gobierno para otras medidas de gran impacto económico.
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