CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un nuevo informe de las Naciones Unidas describe una Nicaragua firmemente en el control de los co-presidentes Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. En este país, los poderes legislativo y judicial responden al ejecutivo y las protecciones básicas de derechos humanos han desaparecido.
Poco de esto será una sorpresa para las decenas de miles de nicaragüenses que an huido del país en los últimos años. Sin embargo, el informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos describe el continuo deterioro de esta nación centroamericana en los términos más crudos.
El informe, que se presentará en Ginebra el martes, se elaboró a partir de más de 200 entrevistas con víctimas, testigos y otras fuentes. La oficina de derechos humanos de la ONU no tiene acceso a Nicaragua y el gobierno no respondió a su cuestionario.
Una importante reforma constitucional adoptada en enero reduce “los poderes legislativo y judicial a entidades coordinadas y subordinadas a la presidencia”, mientras que la fiscalía “quedó bajo control directo del presidente”, señaló el informe.
La ONU denunció “el reconocimiento constitucional de fuerzas paramilitares, el uso institucionalizado de redes de informantes y vigilancia, y la mala aplicación de delitos penales”.
“Estos marcos han creado un contexto en el que cualquier persona percibida como opositora a las autoridades puede sufrir represalias”, dijo el informe.
Andrés Sánchez Thorin, representante de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Centroamérica, dijo que Ortega y Murillo básicamente han eliminado la sociedad civil nicaragüense.
“Desde 2018, ocho de cada diez organizaciones han sido canceladas o han tenido que cerrar, muchas de ellas religiosas, y sus bienes confiscados”, afirmó. “A esto se suma una reforma al sistema electoral que pone en grave peligro el pluralismo político, y con ello, el derecho fundamental de las personas a participar en la vida democrática del país”.
La represión comenzó con la violenta respuesta del gobierno a las protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos y provocaron un éxodo de periodistas y miembros de la sociedad civil. Ortega ha calificado esas protestas como un intento de golpe de Estado con apoyo extranjero.
Desde entonces, el gobierno nicaragüense “ha transformado deliberadamente el país en un estado autoritario”, según dijeron expertos de la ONU en febrero.