Algo hediondo se percibe en el Reino de Bélgica – y el fétido aroma emana de su puerto más grande.
Un juez de instrucción de Amberes rompió recientemente su silencio para advertir que el país se está convirtiendo en un ‘narcostado’.
Hablando bajo anonimato por temor a su vida, su carta –verificada por Politico Europe y The Brussels Times– tiene un peso muy superior a los habituales cantos de sirena de la clase opinionista.
En ella, describía una nación donde los cárteles de la cocaína se han infiltrado tan profundamente en el engranaje del Estado que ahora constituyen un ‘poder paralelo’.
El juez retrató la segunda ciudad del país, Amberes, como la nueva Medellín europea: un puerto plagado de corrupción, donde se soborna a estibadores con 100.000 euros por mover un solo contenedor, y donde jueces y policías viven bajo protección tras una oleada de secuestros, asesinatos y atentados con explosivos vinculados a los clanes narcos.
El juez de instrucción –cargo equiparable a un magistrado jefe que también dirige pesquisas criminales– alertó de que las organizaciones criminales han penetrado todos los estratos de la vida pública.
Agentes de aduanas, policías, funcionarios municipales e, incluso, miembros de la judicatura, afirmó, han sido comprometidos. “Hemos perdido el control. Nos estamos convirtiendo en un narcostado”, escribió.
Sus palabras han hecho sonar las alarmas en las capitales de la Unión Europea –pero en ningún sitio deberían resonar con más fuerza que en España.
Porque si Amberes es la puerta norte de la cocaína en Europa, España es la del sur –y muchas de las mismas señales de aviso ya destellan en rojo.
El Puerto de Amberes incautó 116 toneladas de cocaína en 2023, ligeramente por encima del año anterior.
Pero en el mismo periodo, España interceptó 117 toneladas; un botín que supuso una duplicación masiva de la cantidad incautada el año previo.
El Informe de la Fiscalía española para 2024 expone, en una prosa burocrática y sobria, lo que el juez belga describió con pánico.
Los tres puertos principales del país –Valencia, Barcelona y Algeciras– se han convertido en puntos clave de entrada para la cocaína latinoamericana.
El informe admite que se han destapado casos ‘no anecdóticos’ de corrupción entre trabajadores portuarios y agentes de policía, incluyendo a miembros de la Guardia Civil imputados por blanquear dinero del narco y personal de aduanas pillado colaborando con traficantes.
En Algeciras, los fiscales advierten de que la economía criminal está tan arraigada que las redes narco emplean ya a gestores logísticos, operadores de drones y contables.
Al igual que en Bélgica, las fuerzas de seguridad españolas tambien están bajo asedio.
El informe registra un pronunciado incremento de la violencia, con traficantes en el Estrecho de Gibraltar embistiendo lanchas policiales y abriendo fuego contra patrullas en el río Guadalquivir.
Al mismo tiempo, gánsters internacionales se asesinan unos a otros en las calles de Marbella y Fuengirola, en una zona geográfica que empieza a conocerse como el triángulo de la Costa del Sol.
Incluso los métodos son idénticos. Ambos países han lididado con sistemas de comunicación cifrada como EncroChat y Sky ECC, que según los fiscales permitieron a vastas redes criminales coordinar envíos y asesinatos transfronterizos.
Los investigadores belgas estuvieron entre los primeros en explotar los datos descifrados de esas redes; España utiliza ahora ese mismo material en más de un centenar de procesos, según la Audiencia Nacional.
En ambas naciones, el arma preferida de los cárteles es la corrupción.
El juez de Amberes acusó a su gobierno de complacencia –de permitir a los cárteles ‘comprar paz’ mediante sobornos.
Los fiscales españoles, aunque menos dramáticos, reconocen que la corrupción ‘facilita la penetración criminal’ de la infraestructura portuaria.
Citan recientes condenas a agentes de la Guardia Civil en Algeciras y Cartagena por ayudar a contrabandistas y blanquear beneficios.
Más chocante aún, las autoridades españolas arrestaron el año pasado al jefe de la unidad de delitos económicos de la Policía Nacional en Madrid en conexión con el récord de incautación de 13 toneladas de cocaína ocultas en un contenedor de plátanos en el puerto de Algeciras.
Al registrar el domicilio de Óscar Sánchez Gil, los investigadores hallaron 20 millones de euros en efectivo ocultos en las paredes, junto a una flota de coches de lujo aparcados en la entrada.
Estos arrestos pintan un cuadro lúgubremente familiar: agentes de primera línea con recursos insuficientes, un sistema judicial desbordado, puertos porosos y una clase de gánsters del hampa enriqueciéndose gracias a la insaciable demanda europea de cocaína.
No obstante, los fiscales españoles señalan una diferencia crucial que separa a su país del escenario catastrófico belga.
Mientras el magistrado belga admite la derrota ante los narcos, el más reciente Informe de la Fiscalía española no solo reconoce la amenaza; sino que documenta los contraataques.
Describe la implementación de un protocolo nacional de recuperación de activos, la expansión de la cooperación internacional a través de Eurojust, y la validación por los tribunales supremos españoles de las pruebas de EncroChat —permitiendo a los jueces desmantelar los imperios cifrados que antes volvían intocables a los traficantes.
También nombra abiertamente sus propias debilidades: la corrupción de los escáneres en el puerto de Málaga; las tasas de inspección inadecuadas en Algeciras; y la necesidad de acabar con la cultura de la ‘competitividad’ entre puertos que ha derivado en atajos de seguridad.
La propia transparencia de España es una forma de resiliencia.
El informe de 500 páginas de la Fiscalía detalla las grietas en su maquinaria antinarcóticos, pero es una prueba de que el sistema funciona – aún capaz de autocorregirse ante el desafío narco al Estado.
En contraste, la advertencia de Bélgica no provino de una institución, sino de un individuo escondido.
La distinción es reveladora.
Ambos países se hallan en primera línea del negocio de la cocaína en Europa, enfrentándose a puertos infiltrados, funcionarios corruptos y una escalada en la carrera armamentística entre cárteles y Estado.
Pero España aún conserva lo que el juez belga teme que su país ha perdido: la confianza en que sus instituciones pueden plantar cara.
A diferencia de Bélgica, donde las amenazas y la violencia han alcanzado a abogados, jueces e incluso a la realeza, los tiroteos en España permanecen confinados a las rutas logísticas.
El flagelo narco no se extiende más allá de las narcolanchas del Campo de Gibraltar, los almacenes de Cádiz y Huelva, y las mafias enquistadas en la Costa del Sol.
Es sangriento y descarado, pero aún no es el terror urbano indiscriminado que ha convertido partes de Amberes en zonas de guerra.
La frase del juez belga ‘nos estamos convirtiendo en un narcostado’ quizá no sea aplicable al sur de los Pirineos – por ahora.