La plataforma Unidos por la Costa recordó esta semana en su página de Facebook que los carteles publicitarios están prohibidos en carreteras nacionales como la N-332 —incluso cuando solo son visibles desde autovías o autopistas.
No se trata de una recomendación o un consejo. En España, esto es la ley.
Según la Ley de Carreteras (Ley 37/2015), la publicidad vial está prohibida para evitar la distracción de los conductores y reducir el riesgo de accidentes. Los legisladores fueron claros: la seguridad vial es lo primero.
Sin embargo, cualquiera que circule por la costa puede constatar que la norma se ignora de manera habitual.
Vallas publicitarias de dimensiones excesivas se ciernen sobre las vías y zonas residenciales, muchas claramente visibles desde las rutas de alta velocidad. Estructuras metálicas oxidadas, paneles desconchados y focos deslumbrantes se han convertido en un elemento familiar —y nada grato— del paisaje.
Los ayuntamientos no pueden alegar falta de competencias. Tienen plenas facultades para regular, restringir o prohibir directamente estas instalaciones donde las carreteras nacionales atraviesan núcleos urbanos. Si deciden no actuar, no es porque sus manos estén atadas, sino por una falta de voluntad política.
¿La razón? Los permisos de publicidad generan ingresos.
Y mientras el dinero fluye, los residentes se ven obligados a convivir con estructuras de acero corroídas, a menudo en mal estado e iluminadas las veinticuatro horas. Pocos propietarios elegirían vivir voluntariamente junto a un cartel publicitario permanentemente iluminado —precisamente lo que muchos se ven forzados a aceptar—.
Cuando las estructuras se dañan o colapsan, la explicación es siempre la misma: vientos fuertes, mal tiempo, circunstancias imprevistas. Pero estas excusas suenan huecas. Las estructuras publicitarias deben estar diseñadas, certificadas y mantenidas para resistir condiciones meteorológicas normales. Las inspecciones técnicas previas a la concesión de licencias no son un extra opcional, sino un requisito legal.
La incómoda verdad es esta: la negligencia, la permisividad y la falta de control han permitido que el problema se extienda.
El deterioro visual y el peligro potencial que suponen estos carteles no son un accidente ni un acto de la naturaleza. Son el resultado directo de decisiones administrativas —o de la omisión de tomarlas—.
La costa merece algo mejor que un horizonte de hierro oxidado y publicidad intrusiva. Merece seguridad, respeto por el entorno y autoridades públicas dispuestas a hacer cumplir la ley, no a lucrarse por ignorarla.
Crédito: Unidos por la Costa