Las divisiones políticas en España se han agudizado después de que el fiscal general del Estado fuera condenado por filtrar información confidencial en perjuicio de la oposición conservadora.
¿Cómo se recibió el veredicto?
El Tribunal Supremo hizo público su fallo contra Álvaro García Ortiz el jueves, aunque la fundamentación jurídica de la decisión se publicará con posterioridad.
Cinco de los siete magistrados que sustanciaron el caso a principios de mes lo hallaron culpable.
García Ortiz, designado por el gobierno socialista de Pedro Sánchez en 2022, fue condenado por filtrar detalles de una investigación fiscal que involucraba a la pareja de la lideresa regional madrileña Isabel Díaz Ayuso, emblema del conservadurismo.
“Existe una fractura entre quienes consideran que era culpable y quienes piensan que era inocente”, declaró a la AFP la politóloga Paloma Román.
Añadió que el hecho de que la sentencia no fuera unánime subraya la polarización política en torno al caso.
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¿Qué consecuencias tiene para Sánchez?
Sánchez, quien respaldó reiteradamente a García Ortiz pese a las acusaciones de que socavaba la independencia judicial, se enfrenta a un revés político.
La oposición exigió de inmediato su dimisión, tildando el caso de “abuso de poder” y de “burda maniobra política”.
El diario conservador El Mundo acusó al gobierno en un editorial de orquestar las acciones del fiscal como parte de una “operación política” para atacar a Díaz Ayuso.
El gobierno, por su parte, manifestó que respeta el fallo sin compartir plenamente sus conclusiones.
Es improbable que Sánchez renuncie, a pesar de la fragilidad de su gobierno en minoría, que perdió reciéntemente el apoyo del partido separatista catalán Junts.
“Es un golpe para el gobierno, pero en política hay que esperar. Sánchez aún podría reconducir la situación”, señaló Román, apuntando que el tribunal aún debe emitir su fundamentación.
“No sería la primera vez que Pedro Sánchez le da la vuelta a una situación, de modo que al final no le resultara tan perjudicial.”
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¿Qué consecuencias tiene para la justicia?
La sentencia ha reavivado el debate sobre la independencia política del poder judicial español.
Los críticos arguyen que el caso menoscaba la confianza ciudadana, habiendo quien percibe a los tribunales como políticamente motivados y otros como ansiosos por criminalizar al gobierno.
En un editorial, El Mundo censuró al gobierno por haber “defendido al fiscal general sin matices mientras caricaturizaba a los jueces como un colectivo predominantemente de derechas”.
Mas el diario de centroizquierda El País replicó que “los precedentes sentados por este caso —desde la falta de pruebas hasta una investigación cuanto menos cuestionable— afectarán a todo el sistema judicial español durante mucho tiempo”.
Román añadió que la percepción de parcialidad judicial suele depender de la afinidad política, señalando que incluso para los juristas algunas resoluciones resultan incomprensibles.
“Es muy subjetivo: cuando un partido o grupo político sufre o experimenta un reveés en los tribunales”, lo atribuyen a sesgo político, afirmó.