Parece que por fin ha caído la ficha, o los políticos ya no temen admitir que los dos últimos años de protestas antiturísticas no han sido bien recibidos por los mercados internacionales ni por los visitantes.
Y hoy, jueves, el Parlamento Balear, con el apoyo de todos los grupos políticos a excepción de MÉS per Mallorca, ha condenado todos los actos ‘violentos’ contra el turismo, especialmente los actos de ‘vandalismo’ como la quema de fotografías frente a la Consejería de Turismo de Baleares en Palma por parte de activistas de Arran el pasado julio.
Esto fue aprobado en la reunión de la Comisión de Turismo, Cultura, Deportes, Trabajo, Función Pública y Diálogo Social celebrada el jueves tras una propuesta no de ley (PNL) defendida por la diputada del Partido Popular María Salomé Cabrera. La iniciativa, que recibió 12 votos a favor y uno en contra, ‘condena enérgicamente todos los actos violentos contra el turismo, y en particular los actos vandálicos y la quema de fotografías incitando al odio que tuvieron lugar en julio por parte del colectivo Arran’.
Los activistas, según consta en el texto, realizaron ‘pintadas contra el turismo en el edificio de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, lo que además constituye un daño a un Bien de Interés Cultural’.
‘Se trata de agresiones que van en contra de nuestro principal sector económico, que socaban la confianza de nuestros visitantes y la imagen de nuestro destino turístico, y agresiones que atentan contra la convivencia pacífica y las libertades. Es esencial exigir respeto y responsabilidad ante las diferencias de opinión, las cuales no deben defenderse con violencia o intimidación’, concluye el texto defendido por el PP.
Bajo el lema ‘El turismo nos empobrece, el gobierno nos persigue’, Arran manifestó en su momento que la crítica al Govern balear es una respuesta al papel que este y anteriores gobiernos, incluidos los de izquierdas, han desempeñado en la turistificación de Mallorca.
Mantienen que la calidad de vida de la población ha sucumbido ante los intereses de la industria turística y que un modelo económico de monocultivo basado en el turismo solo genera “miseria” para la clase trabajadora. Existe una dura crítica hacia la condena oficial de unas pintadas que apuntaban directamente al gobierno, mientras que ese mismo gobierno ignora otras protestas. “Su objetivo no es proteger la consejería de turismo, sino silenciar un mensaje que los señala como culpables de nuestra precariedad.”
El grupo socialista intentó sin éxito añadir, mediante una enmienda, un punto que buscaba que el Parlamento reconociera que ‘a pesar del amplio consenso social sobre la necesidad de actuar ante la saturación turística’, el gobierno ‘no ha promovido aún ninguna vía real o efectiva para limitar el crecimiento turístico, reducir la presión sobre el territorio o mejorar la calidad de vida de los residentes’.