El complejo Bellevue en Alcudia, que fue evacuado tras el incendio del pasado viernes, “incumple la normativa urbanística y de actividades, y constituye un riesgo para las personas y los bienes, en especial para los clientes y trabajadores”, según ha manifestado el partido de izquierdas español Podemos.
La formación ha exigido “máxima transparencia” a la alcaldesa de Alcudia, Fina Linares, sobre la situación del complejo hotelero, que lleva años infringiendo la normativa urbanística. Además, han anunciado que notificarán a la Conselleria de Turismo del Consell de Mallorca y a la Inspección de Trabajo para que “realicen las inspecciones pertinentes que verifiquen la legalidad y seguridad del funcionamiento del complejo como establecimiento turístico y valoren la posible revocación de la licencia de actividad”.
En 2023, la propiedad del hotel creó un sitio web en el que promocionaba la reconversión de sus instalaciones en un resort vacacional. Ofrecía estudios y apartamentos en venta desde 249.000 euros “por dos meses de ocupación anual”. El plan del empresario Jamal Satli Iglesias, posteriormente retirado, pretendía captar inversores dispuestos a utilizar su propiedad durante dos meses al año mientras esta se explotaba turísticamente los diez meses restantes.
El Sr. Satli presentó personalmente su proyecto a la alcaldesa de Alcudia, quien manifestó a la prensa local que las intenciones del empresario eran ilegales debido al incumplimiento de la normativa urbanística por parte del complejo. Podemos ha basado ahora sus exigencias en estas declaraciones, subrayando cómo la situación “fuera de norma” coloca al complejo en una posición jurídica precaria.
Afirman que “respecto a las ilegalidades detectadas por los servicios técnicos municipales, no consta que la propiedad haya presentado el proyecto de legalización exigido ni la licencia de obras correspondiente”. Señalan que “a lo largo de los años se han realizado diversos intentos de legalización, pero ninguno ha prosperado”.
Este invierno, el establecimiento turístico fue ocupado por varias familias, lo que llevó a los propietarios a contratar una empresa especializada para desalojar a los ocupantes y realizar las reparaciones necesarias antes de su reapertura para la temporada turística. Bajo su actual estatus de “fuera de norma”, solo se permiten obras de reparación de las estructuras existentes, estando prohibidas las modificaciones estructurales.