Por Carlos Baos (Abogado) •
Publicado: 04 feb 2026 • 11:31
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En los últimos años, los procedimientos de desahucio se han convertido, por desgracia, en un asunto de máxima actualidad. Crédito: Andrey_Popov / Shutterstock
En España, las disputas por recuperar inmuebles de inquilinos u ocupantes no autorizados continúan acaparando una notable atención pública. Esta problemática ha generado una amplia cobertura mediática, artículos de opinión y, lamentablemente, una gran cantidad de desinformación.
Uno de los aspectos más debatidos en los últimos años ha sido la protección legal disponible para ocupantes vulnerables. Durante muchos años, la legislación española permitía tanto a inquilinos con contrato formal como a personas que ocupaban una vivienda sin título jurídico alguno solicitar la suspensión del procedimiento si demostraban encontrarse en una situación de dificultad económica o social. Se tenían en cuenta factores como ingresos bajos, recursos limitados u otros indicadores de vulnerabilidad. Este mecanismo permitía, en ocasiones, que los ocupantes permanecieran en el inmueble incluso cuando un juez ya había dictado sentencia a favor del propietario. Como es lógico, esto ha generado polémica y frustración entre los dueños, especialmente cuando los procesos sufrían dilaciones o prórrogas reiteradas. Estas medidas de protección, que se remontan a la pandemia de 2020, se han renovado anualmente, lo que a menudo ha prolongado la incertidumbre para los propietarios. No obstante, ahora se ha producido un cambio significativo.
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El último intento de prorrogar la suspensión de estos procedimientos no fue aprobado. Aunque el Gobierno respaldó inicialmente la medida a finales del año pasado, esta requería la convalidación del Congreso de los Diputados. En una votación reciente, en enero, se rechazó dicha prórroga. Esto significa que inquilinos u ocupantes ya no pueden ampararse en esta forma de protección, y que los casos previamente suspendidos, o las órdenes de entrega del inmueble (auto de desahucio), podrán reactivarse. En todo caso, conviene tener presente que el Gobierno podría aprobar en cualquier momento un nuevo Real Decreto-ley, que entraría en vigor desde su publicación, sin perjuicio de su posterior ratificación parlamentaria.
Muchos propietarios también preguntan por la diferencia entre el proceso judicial y el lanzamiento efectivo de un ocupante. No son lo mismo:
El proceso judicial (“desahucio”) es el trámite legal en el que se solicita a un juez que reconozca el derecho del propietario a que un ocupante abandone el inmueble. Los motivos pueden incluir impago de la renta, la expiración de un arrendamiento, o simplemente que el ocupante nunca tuvo derecho legal a estar allí.
El lanzamiento efectivo solo ocurre una vez que existe una sentencia firme a favor del propietario y el ocupante se niega a marcharse voluntariamente. Esta es la fase en la que las autoridades proceden al desalojo material.
No todos los casos son idénticos. Cada situación presenta requisitos, plazos y consideraciones legales específicos que pueden variar según el tipo de ocupación. Contar con un abogado experto es fundamental para navegar por estas complejidades. En White & Baos Abogados, nuestro equipo está especializado en estos trámites. Contacte con nosotros hoy mismo para recibir asesoramiento jurídico especializado.
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