Gobierno español busca fortalecer derechos del consumidor frente a la "obsolescencia programada"
El gobierno de coalición de izquierdas en España pretende enfrentar el modelo de obsolescencia programada de las grandes tecnológicas, una práctica que acelera el envejecimiento de dispositivos o partes, obligando a los usuarios a comprar modelos más nuevos.
Con frecuencia, esta táctica implica dejar de fabricar piezas como baterías, imposibilitando la reparación de dispositivos antiguos.
El Ministerio de Consumo quiere limitar esta práctica mediante medidas como incentivar la reparación de electrodomésticos durante la garantía legal y crear una plataforma digital que ofrezca acceso a servicios de reparación confiables.
La iniciativa, impulsada por Pablo Bustinduy (Sumar), está incluida en un anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, recientemente aprobado por el Consejo de Ministros.
Entre las propuestas figura extender la garantía legal un año más si el consumidor opta por reparar en vez de reemplazar el producto. Además, fabricantes, distribuidores o importadores (si son extracomunitarios) deberán cubrir el 20% del coste de reparación durante los dos primeros años tras el fin de la garantía.
Este porcentaje se reducirá al 10% tras tres años y al 5% en el cuarto año.
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Otra herramienta en estudio son los bonos de reparación para consumidores, así como una plataforma en línea que permita solicitar presupuestos y reparaciones de forma accesible y gratuita.
El anteproyecto aún debe superar trámites antes de volver a La Moncloa y ser llevado al Congreso. Primero se someterá a audiencia pública para recabar aportaciones de asociaciones de consumidores y fabricantes.
También se consultará al Consejo de Consumidores y Usuarios, y se solicitarán informes a instituciones como el Consejo de Estado y el CES, además de recabar opiniones de las comunidades autónomas.
Según fuentes consultadas, el proceso para que el proyecto llegue al Congreso podría demorarse "unos seis meses".