Esta semana, Colombia tomó una posición destacada en América Latina en cuanto a los derechos indígenas y la protección de los bosques al formalizar gobiernos locales indígenas en amplias áreas de la Amazonía, lo que ha generado esperanzas de que otros países de la región sigan su ejemplo.
Los activistas afirman que la decisión del lunes otorga a las comunidades indígenas no solo títulos de tierras, sino autoridad de autogobierno real, con presupuestos públicos y poder administrativo. El proceso, que está en marcha desde 2018, ahora cuenta con un marco legal que permite a los consejos indígenas funcionar como gobiernos locales oficiales.
“Esto coloca a Colombia a la vanguardia en lo que respecta al reconocimiento de los derechos indígenas, no solo a la tierra, sino también a la identidad, autonomía y toma de decisiones sobre su propio desarrollo”, dijo Mayu Velasco Anderson, jefa del programa de Perú y Colombia de la organización no gubernamental Rainforest Foundation Norway.
Patricia Suárez, líder indígena y asesora de la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, calificó el decreto presidencial de “histórico”.
“Hemos estado buscando el reconocimiento de nuestra autonomía y autodeterminación como Entidades Territoriales Indígenas durante más de 30 años”, dijo Suárez. “Este progreso es un hito en la consolidación de los derechos de los Pueblos Indígenas como gobiernos autónomos”.
Por el contrario, otros países de América Latina suelen otorgar solo títulos de tierras. Brasil, por ejemplo, tiene extensos territorios indígenas que a menudo se superponen en múltiples municipios, lo que obliga a las comunidades a navegar entre sistemas públicos conflictivos y socava su autogobierno.
“En Brasil, incluso las tierras indígenas demarcadas y regularizadas quedan bajo los límites administrativos de estados y municipios, y las comunidades dependen de estos gobiernos para acceder a políticas públicas”, dijo Inés Luna Maira, jefa de alianzas institucionales de Rainforest Foundation Norway. “Tienen que lidiar con un mosaico de sistemas públicos y funcionarios electos que no reflejan el gobierno indígena”.
Surinam, hogar de algunos de los bosques más intactos y comunidades indígenas y de descendientes de esclavos más grandes, está más rezagado que otras naciones de la región en este tema.
El nuevo marco de Colombia otorga a los grupos indígenas autoridad directa sobre sus territorios, simplificando la gobernanza y fortaleciendo las protecciones de los bosques que son fundamentales para combatir el cambio climático.
Julia Urrunaga, directora de Programas de Perú en la organización Environmental Investigation Agency, recibió con agrado la medida y expresó la esperanza de que su país siga el ejemplo de Colombia.
“Nos alegramos de esta victoria para los Pueblos Indígenas de Colombia”, dijo. “Lamentablemente, el gobierno peruano ha estado yendo en dirección opuesta, aprobando leyes que afectan los derechos indígenas sin consulta previa, lo cual va en contra de la propia constitución de Perú”.
Urrunaga señaló lo que los activistas ambientales han denominado la “Ley Antibosques de Perú”, que según ellos legaliza la deforestación ilegal en territorios indígenas, y la promoción de plantaciones de aceite de palma sobre los bosques amazónicos por parte del gobierno.
“Los Pueblos Indígenas de Perú todavía luchan por recibir el reconocimiento de sus territorios ancestrales”, dijo. “Y ni siquiera cuando lo obtienen, reciben el apoyo que merecen del estado para proteger sus tierras y bosques en beneficio de toda la humanidad”.
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