El colapso permanente de la Oficina de Extranjería en las Islas Baleares se agravará con el inicio del proceso de regularización extraordinaria de alrededor de medio millón de migrantes en situación irregular, cuyo comienzo está previsto para dentro de aproximadamente dos meses. Además, los británicos que planeen obtener su tarjeta TIE podrían verse atrapados en el caos resultante, lo que generaría nuevos retrasos en los trámites de inscripción.
«El colapso que se prevé a nivel nacional será peor aquí en Baleares», afirmó la representante sindical del CSIF, María Fernández, en declaraciones a Europa Press. Según la sindicalista, el próximo inicio del proceso de regularización «se presenta bastante mal» debido a la precariedad estructural que afronta la Oficina de Extranjería en el archipiélago, que sufre una escasez de personal del cincuenta por ciento y una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que requiere una actualización urgente.
Fernández advirtió que, a día de hoy, la Oficina cuenta con una plantilla de tres funcionarios que solicitaron traslado y cesarán en junio. Asimismo, hay seis empleados temporales que, en principio, finalizarán su contrato en mayo, aunque éste podría prorrogarse unos meses más.
Incluso con nueva contratación, añadió la representante, persistirán las dificultades debido al necesario periodo de formación del personal. «Ya no resulta atractivo venir aquí ni quedarse», insistió.
Fernández ha instado a los Servicios Centrales a abordar el problema y ha alertado de que en un plazo de cinco años «se generará un problema grave». Mientras, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través de la Secretaría de Estado de Migraciones, ha recordado que el plazo para presentar solicitudes de regularización extraordinaria aún no está abierto y ha llamado a la calma.
La Secretaría de Estado ha subrayado que, por el momento y hasta este viernes, el texto inicial está en periodo de consulta pública, abierto a la participación ciudadana para la presentación de alegaciones. Una vez finalizado este trámite, se incorporarán las contribuciones que se estimen pertinentes y se remitirá el texto a distintas instituciones para la emisión de informes.
El dictamen del Consejo de Estado será fundamental, pues dotará de máximas garantías jurídicas a este Real Decreto, cuyo texto definitivo volverá al Consejo de Ministros para su aprobación y posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Solo entonces se podrán presentar las solicitudes, lo que se espera para alrededor de principios de abril.
En declaraciones a medios internacionales en Dubái, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arguyó que la medida es «un imperativo moral y una necesidad económica», señalando que los inmigrantes ya contribuyen aproximadamente con un 10 % del PIB mientras representan apenas un 1 % del gasto público.
Según el anteproyecto del Real Decreto, cualquier extranjero que acredite cinco meses de residencia continuada en España con anterioridad al 31 de diciembre de 2025 —y que carezca de antecedentes penales graves— podrá solicitar entre abril y junio de 2026 una autorización de residencia y trabajo por un año, renovable posteriormente por cuatro. También son elegibles los solicitantes de asilo cuyo expediente se presentara antes de la fecha límite, así como los hijos dependientes.