Cinco años después del fin de la libre circulación, los británicos residentes en Europa aún afrontan las consecuencias del Brexit. Fiona Godfrey, de British in Europe, comenta a The Local que la lucha por garantizar sus derechos continúa y que la situación podría complicarse aún más.
El 31 de diciembre de 2020 concluyó el período transitorio pos-Brexit, y con él, la libre circulación de personas entre el Reino Unido y la Unión Europea. Si bien se preservaron los derechos de los británicos para residir y trabajar en la UE, muchos nacionales acogidos al Acuerdo de Retirada han encontrado obstáculos para hacerlos efectivos. El colectivo British in Europe sostiene que la batalla para evitar que alguien quede desprotegido sigue vigente.
"Todavía recibimos casos semanalmente, y ahora son mucho más complejos que antes. No podemos decir que el Brexit esté superado. Queda un largo camino para que el conjunto completo de derechos se implemente plenamente", afirma Fiona Godfrey, del grupo de defensa de derechos ciudadanos.
"Aunque muchos hayamos asumido el Brexit y la pérdida de derechos, y la mayoría haya podido acceder a los derechos del acuerdo, es algo que nunca superaremos. Persiste una sensación de duelo y las consecuencias nos acompañarán", añade Godfrey.
Tras el Brexit, los ciudadanos británicos debieron solicitar su nuevo estatus legal en trece países de la UE y Noruega (países constitutivos). En otros trece, además de Islandia y Suiza (países declarativos), tuvieron que registrarse o simplemente renovar la documentación al expirar la anterior. Irlanda, por su parte, se rige por normas distintas bajo el Área de Viaje Común.
En los últimos dos años, British in Europe ha desarrollado un proyecto financiado por la UE para "Informar, Conectar y Empoderar" a los nacionales británicos en la UE, con el fin de que comprendieran la implementación del Acuerdo de Retirada en once países: Austria, Bélgica, Chequia, Alemania, Dinamarca, Grecia, España, Luxemburgo, Hungría, Malta y Suecia.
Confusión sobre el estatus migratorio
"Quisimos comprobar si las personas que debían solicitar su nuevo estatus lo habían hecho —también en países declarativos— y si habían experimentado problemas, especialmente en la obtención de la residencia de larga duración, el papel de las ausencias, la reunificación familiar, la seguridad social y el principio de igualdad de trato", explica Godfrey.
"En los países constitutivos, casi un 90% de las personas solicitó su estatus, lo cual es positivo. Pero ese 10% restante podría enfrentar graves dificultades, aunque algunos no lo hicieran por haber adquirido una ciudadanía de la UE. En los países declarativos, entre un 17% y 18% de británicos no ha solicitado la nueva tarjeta", agrega.
"En general, podría considerarse un éxito. Pero si observamos países declarativos con grandes poblaciones británicas, como Alemania o España, estamos hablando de miles de personas sin la nueva tarjeta del acuerdo. Podrían tener problemas, por ejemplo, al viajar fuera del espacio Schengen bajo el nuevo Sistema de Entrada/Salida (EES) de la UE".
Problemas habituales
Según el informe final del proyecto, aunque la aplicación del acuerdo ha sido "relativamente fluida" en líneas generales, no ha sido así en todos los países.
Un problema clave ha sido la confusión entre los estatus de residencia nacionales y los comunitarios, una dificultad que también afrontan ciudadanos extracomunitarios. Por ejemplo, quienes buscan obtener la residencia de larga duración de la UE —que otorga derechos en todo el bloque— fueron "dirigidos hacia estatus migratorios nacionales, con los que las autoridades están más familiarizadas".
En otros casos, como Suecia, la interpretación del Acuerdo de Retirada ha sido "muy estricta y literal", lo cual "no refleja el espíritu" del tratado, según British in Europe. En otros países, el problema radica en la falta de recursos, un escenario que también afecta a nacionales de terceros países.
Dificultades específicas por país
Durante el proyecto de dos años, los voluntarios de British in Europe documentaron 89 casos individuales de problemas relacionados con la implementación del acuerdo, considerados representativos de la comunidad.
El mayor número se registró en Suecia (34), con incidencias en "solicitudes presentadas dentro y fuera de plazo", así como en reunificación familiar y actualización del estatus de residencia, indica Godfrey.
Austria fue otro país con varios casos, donde se detectaron problemas de igualdad de trato en el acceso a vivienda social y el derecho a la compra de propiedades.
En general, se reportaron dificultades comunes en materia de reunificación familiar y el cómputo de ausencias del territorio. El informe señala que "han surgido casos en los que un niño nace tras finalizar el período transitorio post-Brexit, de padres beneficiarios del Acuerdo de Retirada con residencia permanente —lo que les permite ausentarse de su país de acogida hasta cinco años—, pero el recién nacido solo tiene derecho a un estatus de residencia ordinario conforme al Acuerdo —que permite ausencias de seis meses y, en algunos casos, hasta un año—".
"Aún no está clara la situación jurídica del menor… y tanto nosotros como la Comisión mantenemos interpretaciones divergentes al respecto", se indica en el informe de British in Europe.
La reagrupación familiar también constituye un problema para los beneficiarios del Acuerdo de Retirada que no estaban en una relación duradera ni casados antes del fin del período transitorio y que posteriormente desean traer a su nueva pareja o cónyuge al Estado de acogida, ya que los derechos familiares del acuerdo solo se aplican a relaciones existentes antes del 31 de diciembre de 2020.
Asimismo, las organizaciones reportaron diversos problemas relacionados con el derecho a la igualdad de trato y la no discriminación. Estos afectaban a la compra de propiedades, el acceso a becas y préstamos estudiantiles, y los derechos familiares de las parejas del mismo sexo.
Problemas emergentes
De cara al futuro, British in Europe prevé un aumento de casos en el ámbito de la coordinación de seguridad social, especialmente conforme los británicos vayan alcanzando la edad de jubilación.
Entre 2025 y 2026, el grupo también anticipa que la actualización a residencia permanente será un "tema recurrente". Los beneficiarios del Acuerdo de Retirada pueden obtener la residencia permanente si han vivido en su país de acogida al menos cinco años, o residencia temporal u ordinaria en caso contrario. Transcurridos cinco años, las personas con derechos temporales deberían poder actualizar a residencia permanente, siempre que su situación no haya cambiado.
Esto les conferiría, por ejemplo, mayores derechos en cuanto a ausencias, pero se han registrado inconvenientes con autoridades que exigen "requisitos innecesarios", como conocimientos lingüísticos o "información financiera onerosa".
"En teoría, los antiguos documentos de residencia bastan para acreditar su estatus a nivel nacional, pero nuestra postura siempre ha sido la de obtener la tarjeta del Acuerdo de Retirada lo antes posible para garantizar sus derechos", afirma Godfrey.
El grupo de campaña continuará su labor durante los próximos cinco años, con miembros aún motivados por el deseo de ayudar a sus conciudadanos británicos en toda Europa.
Godfrey y otros voluntarios de British in Europe se reunieron para cenar al inicio del proyecto y, aunque la ira y frustración causadas por el referéndum del Brexit quizás hayan menguado, la determinación para actuar se mantiene intacta.
"Fue la primera vez que nos reunimos todos en persona y fue una velada especial, realmente conmovedora… Fuimos preguntando a cada persona qué le había llevado a colaborar como voluntaria en el Acuerdo de Retirada y cada uno tenía una razón distinta… simplemente no querían quedarse de brazos cruzados, y esa sensación perdura hasta hoy", concluyó Godfrey.
Un kit de herramientas con información sobre los derechos de los ciudadanos británicos en la UE conforme al Acuerdo de Retirada está disponible en el sitio web de British in Europe.