Centenares de vecinos de Playa Babilonia en Guardamar del Segura se manifestaron esta semana para protestar contra la demolición prevista de 65 viviendas históricas de primera línea de playa, programada para comenzar el 15 de septiembre. Marchando desde la playa hasta el ayuntamiento, los manifestantes portaban pancartas con lemas como “¿Y si fuera tu casa? También somos parte de este pueblo”, exigiendo la paralización de unos derribos que, alegan, borrarían no solo hogares familiares, sino también una parte importante del patrimonio cultural e histórico del municipio.
Las viviendas bajas, construídas hace más de un siglo por el ingeniero Francisco Mira —la misma figura detrás del icónico pinar de Guardamar— fueron utilizadas durante décadas por el municipio en campañas turísticas. Los residentes argumentan que su diseño único forma parte del patrimonio etnológico y la forma de vida de la zona, y han presionado para su reconocimiento bajo la nueva ley de costa valenciana. Sin embargo, la jurisdicción sobre el dominio marítimo en España recae en el gobierno central, que ha rechazado renovar las concesiones.
Según el Ministerio para la Transición Ecológica, respaldado por argumentos de la Abogacía del Estado en los tribunales, la hilera de viviendas contribuye a la erosión de la playa y deja las propiedades vulnerables a los daños por temporales. Las autoridades sostienen que la demolición reconectará las dunas con el pinar y recuperará más de 600 metros de playa pública.
Los residentes, que han litigado el caso en la Audiencia Nacional desde 2018, rechazan este razonamiento. Afirman que la verdadera causa de la erosión reside en un espigón mal diseñado construido en los años 90 en la desembocadura del río Segura, que interrumpió el flujo natural de sedimentos que antes replenizaban la playa de Babilonia. También argumentan que se han prorrogado muchas otras concesiones costeras con mayor impacto ambiental.
Durante la protesta, las tensiones aumentaron brevemente cuando algunos manifestantes más jóvenes accedieron al vestíbulo del ayuntamiento, aunque otros les instaron a salir. La policía local y la Guardia Civil monitorizaron la situación, que concluyó pacíficamente con un baño colectivo simbólico en el emplazamiento de un chiringuito playero recientemente demolido.
El alcalde José Luis Sáez (PSOE) ha reiterado que las demoliciones siguen mandatos judiciales vinculantes. También señaló la aparente contradicción de que los vecinos estén protestando mientras presentan sus propios proyectos de demolición para minimizar multas y costes.
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