El Govern catalán ha propuesto una nueva ley de vivienda que restringiría determinadas compras inmobiliarias en la mayor parte de la región, con el objetivo de frenar el alza de precios y aumentar el número de viviendas disponibles para residir.
La propuesta fue anunciada esta semana por los legisladores en Barcelona, pero aún debe ser debatida y aprobada por el Parlament antes de convertirse en ley.
De ser aprobada, se aplicaría en 271 municipios declarados oficialmente zonas de ‘alta tensión’ demanadial, lo que abarcaría a más del 90% de la población de Catalunya.
Para los compradores, el cambio clave es sencillo: si no se planea vivir en la propiedad como residencia principal, o alquilarla como vivienda permanente, es posible que no se permita su adquisición.
Se consideran grandes tenedores en Catalunya a aquellos que poseen más de cinco viviendas.
Bajo la propuesta, estos no podrían adquirir propiedades residenciales adicionales en zonas de alta demanda, a menos que la vivienda pase a ser su residencia principal.
Dispondrían de 12 meses para registrarla oficialmente como tal.
Podrían concederse prórrogas de hasta seis meses en casos específicos, como reformas o traslados laborales.
Los pequeños propietarios también enfrentarían limitaciones.
Solo podrían comprar una vivienda si esta se convierte en su residencia principal, en la de un familiar directo, o si se alquila a largo plazo bajo la regulación de alquileres vigente.
Las segundas residencias solo se permitirían en un municipio distinto y no podrían destinarse a alquiler turístico o de corta duración.
Si alguien hereda una propiedad y no planea vivir en ella, estaría obligado a introducirla en el mercado de alquiler a largo plazo.
Barcelona se ha convertido en un polvorín del descontento por la crisis de vivienda en España, donde muchos señalan al turismo masivo. Crédito: Cordon Press
Aún se podrían comprar edificios residenciales completos, pero deberían destinarse a alquiler permanente y acogerse a los límites de renta en las zonas designadas.
Para expatriados y compradores extranjeros, esto no supondría una prohibición total de adquirir propiedades.
No obstante, reduciría significativamente la posibilidad de comprar viviendas como mera inversión en gran parte de Catalunya, incluidas Barcelona y otras ciudades principales.
El gobierno autonómico afirma que el objetivo es impedir que la vivienda sea tratada como un activo financiero y garantizar que cumpla lo que denomina su “función social”.
Catalunya se convertiría en la primera comunidad autónoma de España en introducir este tipo de restricción.
El ministerio de Vivienda ha elogiado públicamente a la región por su ‘determinación’ al utilizar las herramientas previstas en la Ley de Vivienda estatal.
La propuesta se enmarca en negociaciones políticas más amplias y aún debe superar el escrutinio parlamentario.
Hasta su aprobación formal, la normativa inmobiliaria actual permanece inalterada.
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