Una notícia alentadora para los residentes extranjeros en Cataluña: el gobierno autonómico pretende poner fin al sistema de cita previa obligatoria para trámites administrativos.
Recientemente, la Generalitat de Cataluña aprobó una nueva ley de procedimientos administrativos que busca reforzar los derechos de la ciudadanía ante las instituciones públicas.
Uno de los aspectos más relevantes para los foráneos es la prohibición de utilizar la cita previa obligatoria como mecanismo de barrera por parte de funcionarios que pretendan impedir la presencia ciudadana en las oficinas públicas cuando se precise realizar algún trámite.
Asimismo, la normativa reconoce el derecho de cualquier persona a rectificar un error cometido de buena fe para evitar sanciones, y obliga a las administraciones a emplear un lenguaje administrativo claro y accesible.
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La jerga jurídico-administrativa española resulta particularmente críptica, incluso para hablantes nativos, por lo que esta ley persigue facilitar la comprensión de los documentos oficiales al ciudadano de a pie.
Ivana Martínez, diputada del Partit dels Socialistes de Catalunya, señaló que esta ley supone “el inicio de una gran reforma de la Administración” y propiciará una relación “más justa, próxima y humana” con la ciudadanía.
La cita previa, como es sabido, es el sistema de reserva en línea que debe obtenerse con antelación para acudir a una oficina pública, esencial para gestiones como la solicitud o renovación de la Tarjeta de Identidad de Extranjeros (TIE), el empadronamiento, asuntos de Seguridad Social o la obtención del certificado de residencia verde UE.
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El principal inconveniente del sistema radica en la frecuente indisponibilidad de citas, lo que obliga a muchas personas a intentarlo durante meses. Esta situación se ve agravada por la actuación de grupos delictivos que emplean ‘bots’ para acaparar las citas en cuanto se liberan, con el fin de revenderlas a quienes las necesitan.
Aunque se ha desarticulado a varias de estas bandas, el problema perisite.
Si bien estas citas deberían ser gratuitas, numerosas personas se ven forzadas a pagar por ellas, dado que los trámites son ineludibles y deben realizarse dentro de un plazo determinado, sin alternativas para obtener una cita.
No obstante, queda por ver si el gobierno catalán logrará efectivamente suprimir estas citas en la práctica.
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El pasado julio, el ministro español de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, anunció un plan para transformar la Administración mediante inteligencia artificial, que incluía la eliminación de las citas previas para acceder a las oficinas públicas; sin embargo, cuatro meses después, esto no se ha materializado.
Ya en 2024, el entonces ministro José Luis Escrivá manifestó su intención de suprimir la necesidad de pedir cita en toda España para las oficinas de la Seguridad Social, Hacienda o la DGT, propuesta que tampoco llegó a concretarse.
Mientras tanto, todo indica que los residentes, tanto en Cataluña como en el resto del país, deberán seguir gestionando estas citas.
La situación es especialmente complicada para los británicos acogidos por el Acuerdo de Retirada del Brexit a quienes se les expidió una TIE inicial por cinco años, ya que ahora deben renovarla, lo que supone que miles de personas compiten simultáneamente por estas citas.
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