La Junta de Andalucía ha recuperado cerca de 300 viviendas de protección pública en la provincia de Málaga que habían sido usurpadas y reconvertidas en pisos okupa o puntos de venta de droga.
La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) ha reintegrado al patrimonio público 288 inmuebles desde 2019, muchos de los cuales presentaban deterioro estructural, habían sido tapiados o se empleaban como centros de operaciones delictivas.
Más de la mitad de las viviendas recuperadas –157 en total– se localizan en el término municipal de Málaga capital.
En el barrio de Llano de la Trinidad, se rescató y rehabilitó por completo un edificio en la calle Bustamante, 2, con una inversión de 500.000 euros, reincorporando 18 viviendas al parque público. Otro inmueble en la calle Canoa, 4, fue objeto de una intervención análoga.
Las autoridades señalaron que algunas actuaciones requirieron el despliegue policial para desarticular redes narcotraficantes y desalojar a grupos criminales. Patricia Navarro, delegada de la Junta en Málaga, reveló que en uno de los edificios incluso se había establecido una célula yihadista.
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“Estos espacios se utilizaban para cometer ilícitos y gestionar negocios fraudulentos”, explicó Navarro. “Cada vez que una vivienda social se desvirtúa, se le niega el acceso a una familia que realmente la precisa.”
Tras su recuperación, los inmuebles son sometidos a obras de reparación, inspeccionados y adjudicados a solicitantes del registro de vivienda protegida, priorizando a unidades familiares con bajos ingresos, monoparentales y colectivos en situación de vulnerabilidad.
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AVRA también ha ejecutado desalojos de inquilinos legales que, tras reiteradas advertencias y ofertas de planes de pago, mantenían impagos persistentes. “La vivienda social tiene como fin ofrecer apoyo y estabilidad, no constituir una solución vitalicia”, añadió Navarro. “Nuestra meta es favorecer que las familias recuperen su autonomía.”
Para prevenir nuevas ocupaciones ilegítimas, la Junta ha activado un plan de inspección dotado con 7,7 millones de euros que permitirá monitorizar periódicamente todo el parque de vivienda pública en Andalucía. Solo en la provincia de Málaga, AVRA gestiona un total de 7.290 inmuebles de carácter social.
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