El fiscal general de Brasil ha imputado al hijo del ex presidente Jair Bolsonaro por coacción, segun un comunicado oficial divulgado el lunes.
La oficina del procurador general alega que Eduardo Bolsonaro, quien es diputado, actuó repetidamente para someter los intereses de la república a agendas personales y familiares, exponiendo a Brasil a amenazas de sanciones de gobiernos extranjeros.
El diputado calificó estas acusaciones como “falsas” en una publicación en la red social X, diciendo que era “absurdo” acusarle de obstrucción a la justicia.
Este último movimiento llega semanas después de que el exprisionero, quien gobernó Brasil desde enero de 2019 hasta diciembre de 2022, fuera condenado a 27 años de cárcel por ser declarado culpable de planear un golpe de estado.
Eduardo Bolsonaro, quien reside en Estados Unidos, afirmó que se enteró de las acusaciones por la prensa, y que el momento del anuncio resalta su “continua persecución política”.
Además de una condena, los fiscales también buscarán una “compensación por los daños resultantes de las acciones criminales”.
El empresario Paulo Figueiredo, nieto del ex dictador João Batista Figueiredo, también ha sido nombrado en los cargos.
Eduardo Bolsonaro se trasladó a EE.UU. a principios de este año y dijo a la BBC que vivía en “exilio” por miedo a ser arrestado si regresaba a Brasil.
Ha cabildedo públicamente para conseguir apoyo para su padre por parte de la administración Trump, la cual comparó el caso contra el ex presidente brasileño con una “caza de brujas”.
El presidente estadounidense Donald Trump, quien considera a Bolsonaro un aliado, impuso un arancel del 50% a Brasil en julio, una medida que el actual presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva calificó de “no solo equivocada sino ilógica”.
El Secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ha prometido más acciones para presionar a Brasil por la condena del ex presidente, y el lunes anunció sanciones contra la esposa del juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, quien presidió el juicio del ex presidente.
El juez dijo que las sanciones contra su esposa eran “ilegales y lamentables”.
Miles de brasileños se unieron a protestas en ciudades de todo el país el domingo para manifestarse contra un proyecto de ley que podría resultar en una amnistía para el ex presidente.
Según la propuesta, los miembros del Congreso tendrían que dar su aprobación -en una votación secreta- antes de que un legislador pueda ser imputado o arrestado.
Los críticos la han llamado la “Ley de la Delincuencia”, pero los congresistas que la apoyaron dijeron que era necesaria para protegerlos de lo que denominaron “excesos judiciales”.
El presidente Lula escribió en X: “Estoy con el pueblo brasileño. Las manifestaciones de hoy demuestran que la población no quiere impunidad ni amnistía”.
También ha prometido vetar el proyecto de ley de amnistía si fuera aprobado por el Senado.