La policía de Orihuela no solo escasea en efectivos, sino que está atrapada en el fuego cruzado de una batalla política.
La plantilla de la Policía Local de Orihuela opera al límite, mientras los ánimos se calientan en el Ayuntamiento. En solo dos años bajo el gobierno de coalición PP-Vox, el número de agentes ha descendido de 154 a 150, mientras que 17 plazas permanecen inexplicablemente congeladas en un limbo administrativo.
En el centro de la tormenta está el comisario José María Pomares, quien lleva meses alertando del problema. Asegura que la lista de contrataciones está "paralizada desde diciembre" y que puestos clave —11 agentes, 3 suboficiales, 2 inspectores y 1 comandante— siguen vacantes.
La costa, donde se han disparado los delitos —incluidos tiroteos y hasta un secuestro—, está indignada. Los vecinos exigen más patrullas, horarios ampliados de denuncias e incluso drones y cámaras para frenar lo que llaman una "ola de crimen descontrolada".
El colectivo Unidos por la Costa no se anduvo con rodeos:
"No es complicado: atención, esfuerzo y financiación. Necesitamos más presencia policial, mejor equipamiento y acción real."
Caos en el Mando
Mientras la policía enfrenta la escasez, el caos interno arrecia. El cierre reciente de un puesto en Rabaloche avivó la polémica. Pomares, a semanas de su jubilación forzosa, clausuró el local sin autorización, desatando críticas.
La concejala de Seguridad, Mónica Pastor, ordenó reabrirlo y acusó al comisario de "exceder sus competencias". Por ley, solo el Consistorio puede cerrar instalaciones municipales, no el jefe policial.
Pastor restituyó la señalización y deshizo el cierre sigiloso de Pomares. El conflicto se enredó al descubrirse que el local operaba sin contrato de alquiler legal. Hacienda bloqueó los pagos por falta de documentación y aval oficial.
Pomares defendió su uso, advirtiendo de un "enriquecimiento injusto" del Ayuntamiento si no pagaba servicios ya prestados. Irónicamente, luego aconsejó suspender su uso hasta regularizarlo, temiendo repercusiones legales.
Jubilación Forzosa y Pleitos
El tema es personal. Pomares, de 64 años, lucha contra su jubilación anticipada. Ha presentado múltiples recursos e incluso aspiró a uno de los cargos municipales mejor pagados (400.000 € anuales).
Su salida es inminente —deja el cargo el 18 de septiembre—, pero no se va callado. Tildó el proceso de "guirigay" y amenazó con llevar el caso a los tribunales.
Resumen de la Crisis
- 4 agentes menos desde 2022 bajo el PP-Vox.
- 17 plazas congeladas por "parálisis" administrativa.
- Vecinos reclaman más patrullas ante la ola delictiva.
- Puesto policial clausurado y reabierto en medio de tiranteces políticas.
- El comisario impugna su jubilación y critica la gestión municipal.
- Caos contractual por una oficina sin papeles que podría paralizar operaciones.
En definitiva: la policía de Orihuela no solo está escasa, sino atrapada en el fuego cruzado de una guerra política.