Casi todos las 44 cámaras de videovigilancia previstas por el Ayuntamiento de Pollensa ya están instaladas. Ubicadas en zonas con problemas recurrentes, como robos, vertidos ilegales y envenenamientos de animales, la inversión en el sistema ronda los 100.000 euros, financiados en parte por el impuesto turístico.
En un centro de control de la comisaría policial, tres pantallas permiten monitorizar en tiempo real todas las áreas cubiertas. Una app posibilita la gestión remota del sistema y agiliza los tiempos de respuesta policial.
María José Jiménez, delegada de policía de Pollensa, enfatiza que “las cámaras son para seguridad”. Pero las imágenes, si aportan pruebas suficientes, podrían usarse con fines judiciales.
El sistema cumple la legislación vigente, y Pollensa no es el primer municipio mallorquín con videovigilancia masiva en espacios públicos.
Mientras muchos aplauden este sistema como herramienta eficaz contra el crimen y para mejorar la seguridad, otros lo ven como una invasión a la privacidad y un exceso de control en zonas públicas.
En el caso de los envenenamientos, el uso de cámaras generó polémica por repetidos incidentes de perros intoxicados en la conocida playa para perros de Llenaire, Puerto Pollensa.