El miércoles, 8 de octubre, la Comisión Europea, bajo el mandato de Ursula von der Leyen, inició un procedimiento de infracción contra España por imponer multas de hasta 179 millones de euros a cinco aerolíneas de bajo coste, entre las que se encuentran Ryanair y Vueling, por cobrar tasas adicionales por el equipaje de mano.
Bruselas alega que estas sanciones, emitidas por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo dirigido por Pablo Bustinduy, vulneran la normativa europea de servicios aéreos, en concreto la libertad de las aerolíneas para establecer sus propios precios, tal y como estipula el Reglamento 1008/2008. La Comisión sostiene que la Ley de Navegación Aérea española restringe indebidamente a las compañías aéreas cobrar por el equipaje de mano, socavando su capacidad para diferenciar servicios.
La legislación española prohíbe cargos adicionales por cualquier equipaje de mano, lo que, según Bruselas, contradice las normas de la UE. De acuerdo con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el equipaje de mano que cumpla con requisitos razonables de peso y tamaño debería ser, por lo general, gratuito; no obstante, las aerolíneas pueden cobrar por los bultos que excedan dichos límites, respetándose así su libertad tarifaria. La Comisión insiste en que la normativa española y las multas derivadas de ella interpretan erróneamente las sentencias del TJUE, restringiendo de manera ilícita la capacidad de las aerolíneas para ofrecer distintos modelos de precios, como tarifas básicas con equipaje limitado u opciones premium con mayores permisos.
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Bruselas ha remitido a España una carta de emplazamiento formal, lo que constituye la primera fase del procedimiento de infracción. El Gobierno español, presidido por Pedro Sánchez, dispone ahora de dos meses para presentar sus alegaciones o modificar su legislación. De no satisfacer a la Comisión, el caso podría escalarse al TJUE, con las consiguientes consecuencias legales y financieras para España.