Una federación de ocho destinos turísticos españoles alega que no recibe suficiente apoyo gubernamental para costear servicios básicos.
La Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa está integrada por Adeje, Arona, Benidorm, Calviá, Lloret de Mar, Salou, San Bartolomé de Tirajana y Torremolinos.
Estos núcleos concentran el 9% del turismo extranjero anual de España, lo que genera una presión extrema sobre los servicios de limpieza, recogida de residuos, transporte y seguridad ciudadana.
La presidenta de la Alianza y alcaldesa de Arona en Tenerife, Fátima Lemes, declaró: “Solo en limpieza y residuos gastamos 14 millones de euros anuales, y un 40% se atribuye a la población turística”.
“La población de Arona se duplica o triplica a lo largo del año, y el turismo foráneo ya es un fenómeno permanente”, añadió Lemes en declaraciones al diario El País.
De todos los miembros de la Alianza, únicamente Salou recibe subvenciones públicas, al cumplir con la definición de municipio turístico contemplada en la Ley de Haciendas Locales.
Este marco permite a ciertas zonas afrontar los incrementos masivos de población durante el verano.
Los criterios para acceder a dichas ayudas exigen que el municipio no sea capital provincial, que cuente entre 20.000 y 75.000 habitantes inscritos en el padrón y que el número de viviendas secundarias supere al de primarias.
“No pedimos privilegios, sino equidad”, sostuvo Fátima Lemes. “Necesitamos un sistema de financiación nuevo que reconozca los millones de turistas que acogemos y atendemos”.
La alcaldesa señaló que el boom turístico en Arona ha generado malestar entre la población residente, debido a la escasez de vivienda y a la menor inversión en seguridad y limpieza en algunas zonas, frente a aquellas “colonizadas” por el turismo internacional.
Por su parte, Eugenio Reyes, secretario general de la Federación Ecologista Ben Magec de Canarias, indicó a El País que existen muchos dobles raseros en torno al turismo de masas.
“Los municipios se quejan de la saturación turística, pero luego especulan con el suelo y perciben comisiones millonarias, convirtiéndose de facto en promotoras inmobiliarias para aprobar planes urbanísticos”.
Reyes propuso que el impuesto turístico —ya vigente en Canarias y Cataluña— se destine a paliar el impacto ambiental del sector, en lugar de financiar la promoción para atraer aún más visitantes.
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