El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimado el recurso del Ayuntamiento de Benidorm sobre un pago de indemnización de 283 millones de euros—más intereses—a promotores por la pérdida de derechos de construcción.
La autoridad alegó que la sentencia emitida en mayo de 2024 malinterpretó la ley de suelo y la naturaleza de los convenios.
Se presentaron otros argumentos técnicos en un intento de anular el fallo original, que el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, calificó el año pasado como "un disbarate".
El TSJCV no estuvo de acuerdo, y las opciones legales ahora se reducen a apelar al Tribunal Constitucional si el consistorio puede demostrar que se violaron derechos fundamentales.
De lo contrario, deberá desembolsar 330 millones de euros, una cifra que, en teoría, lo llevaría a la bancarrota—su presupuesto anual no llega ni a la mitad.
La indemnización responde a la pérdida de derechos edificatorios en el Parque Natural de la Serra Gelada.
La cuantía, muy superior, fue otorgada a Murcia Puchades Expansión SL y Urban Villajoyosa 2000 SL tras recibir inicialmente poco más de 700.000 euros en un juzgado de primera instancia.
El TSJCV consideró que el suelo había sido clasificado como urbano y apto para desarrollo en los años 60, permitiendo así una revaloración que benefició a las inmobiliarias.
La familia Murcia Puchades poseía tres parcelas de más de dos millones de metros cuadrados en la Serra Gelada.
El litigio comenzó cuando el Ayuntamiento anuló los convenios urbanísticos firmados en 2003 por el entonces alcalde, Vicente Pérez Devesa, con varias empresas.
Estos acuerdos se renovaron en 2010 y 2013 bajo el mandato de Agustín Navarro, incluyendo cláusulas de compensación para evitar construcciones en zonas protegidas.
Los abogados de las promotoras han mostrado disposición a negociar, pero el consistorio, por ahora, ha rechazado las ofertas, centrándose en agotar la vía judicial.