El banco BBVA recurre al Tribunal Supremo para impugnar las condiciones impuestas por el gobierno español para su OPA hostil sobre el Banco Sabadell.
El recurso legal se presentó el 15 de julio, pero no se hizo público hasta este jueves.
La Comisión Europea abrió el mes pasado una investigación sobre si el gobierno actuó correctamente al establecer dichas exigencias.
LA BATALLA POR LA ABSORCIÓN CONTINÚA
Las condiciones del gobierno para autorizar la fusión exigen que ambos bancos operen como entidades separadas y con equipos directivos distintos durante tres años, prorrogables dos más.
BBVA acusa al gobierno de "injerencia" y alega que no tiene derecho a imponer condicionantes a una posible adquisición.
Mientras, Sabadell ha contraatacado recientemente captando liquidez mediante la venta de su filial británica, TSB, a Santander, lo que generó un dividendo extra de 2.500 millones para sus accionistas, quienes decidirán finalmente sobre la oferta de BBVA.
Expertos legales afirman que el recurso al Supremo no afecta a la OPA y añaden que, si los jueces fallan a favor de BBVA, incluso podría beneficiarla.
La decisión gubernamental del 22 de junio endureció notablemente las condiciones para la absorción, que había sido aprobada casi sin restricciones por la CNMC a finales de abril.
Los cambios se produjeron tras una consulta pública y presiones de grupos catalanes, donde tiene su sede Sabadell.
Entre ellos figuraban asociaciones empresariales, sindicatos y partidos regionales de los que depende el presidente Pedro Sánchez en el Congreso para aprobar leyes y mantenerse en el poder.
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