A partir del 1 de enero, la normativa española permite a propietarios particulares alquilar sus embarcaciones hasta tres meses al año.
Una medida contrariada por el sector náutico balear y por el Govern, la regulación autonómica seguirá aplicándose. Esta exige disponer de un emplazamiento autorizado para el embarque y desembarque de pasajeros, además de que los particulares que planteen alquilar con fines turísticos arriesgan la pérdida de sus amarres en puertos dependientes del Ejecutivo balear. Los puertos de titularidad estatal —Alcúdia y Palma en Mallorca— son harina de otro costal.
El director general de Transport Marítim, Toni Mercant, acusa al Gobierno español de “ceder a los intereses de una inmobiliaria madrileña, lista séptima.com” al modificar la normativa estatal para posibilitar el alquiler turístico de barcos particulares durante tres meses anuales —un modelo que replica el de los apartamentos vacacionales—. “Lo que hace el gobierno es inédito e inaudito, favoreciendo intereses privados que especulan con suelo público. No hay necesidad de añadir más barcos al mercado de alquiler en Baleares de los que ya existen.”
El Govern no oculta su inquietud ante las consecuencias que tendrá para las islas la legalización de lo que se ha denominado el ‘Airbnb náutico’: “un elevado coste para la seguridad y la conservación del medio ambiente”.
Desde el sector del charter se comparte esta visión. Pedro Gil, de la asociación de empresas de charter, afirma: “Todas esas embarcaciones ahora saldrán cada día a las 10 de la mañana y regresarán al puerto a las 6 de la tarde. Eso generará un caos en el fondeo, en las entradas y salidas de los puertos, y en servicios como el repostaje. Es una locura.”
La asociación lleva años denunciando la ‘intrusión’ en el sector. Gil explica que esta se ha incrementado desde la pandemia, achacándolo al “oportunismo económico” de no profesionales. Las empresas del charter, señala, requieren certificaciones profesionales que garantizan su conocimiento de la normativa vigente.
La legalización del ‘Airbnb náutico’ tendrá repercusiones económicas en Baleares. “El precio de los amarres se disparará aún más, tanto para empresas como para particulares. Mientras los profesionales mantendrán sus tarifas en el mercado de alquiler, todo este nuevo mercado, carente de profesionalidad, tirará los precios a la baja. Algo que será efímero porque los números no cuadrarán, pero pasará factura a todos,” sostiene Gil.
Mientras, la justicia ha entrado en escena. El Gobierno español ha interpuesto un recurso contra la normativa autonómica balear. Toni Mercant aclara que, de momento, ningún juez ha ordenado al Govern cesar en su aplicación. “Si un juez nos dice que hay que modificar el decreto, obviamente lo haremos. Mientras, defendemos la posición de Baleares, que cuenta con el apoyo del sector.”