El Ministerio de Salud balear ha incoado un procedimiento sancionador contra el Ayuntamiento de Sa Pobla por deficiencias en el control y registro de los análisis del agua potable, así como por no advertir a la población de que el agua no era apta para el consumo humano. El período al que se refieren estos hechos abarca desde octubre de 2024 hasta mayo de 2025.
Una inspección sanitaria a finales de octubre de 2024 detectó niveles de nitratos en el agua de Sa Pobla que superaban los 50 miligramos por litro, lo que la hacía impropia para el consumo. El ministerio notificó esta situación al consistorio y le recordó la obligación de informar a la ciudadanía sobre los riesgos. El ayuntamiento no cumplió con esta advertencia hasta mayo de 2025. Señala que “desde diciembre, el agua del municipio es apta para el consumo y cumple con los criterios sanitarios establecidos”.
La inspección también constató que el ayuntamiento no había volcado los datos de los análisis al Sistema Nacional de Información de Agua de Consumo durante varios meses, y que faltaban registros anteriores a 2024. Durante el período de octubre a mayo, el consistorio comunicó al ministerio incidencias en la red de abastecimiento, pero sin aportar detalles concretos.
El ayuntamiento ha emitido un comunicado en el que explica que está analizando el documento de inicio del procedimiento y que presentará sus alegaciones “dentro del plazo legalmente establecido”.
El alcalde, Biel Ferragut, declara: “El compromiso con la calidad del agua se mantiene, y los trabajos de mantenimiento y mejora serán sostenidos en el tiempo por nuestros servicios. Ahora sabemos que los esfuerzos deben ser mayores, abarcando desde la reparación de fugas y el mantenimiento de la planta hasta el control constante.”
La oposición del Partido Popular en el ayuntamiento exige “transparencia absoluta”. Su portavoz, Pedrona Seguí, subraya que “la ciudadanía tiene derecho a conocer todos los detalles”. “Hablamos de salud pública; no es un asunto menor ni un simple desacuerdo administrativo. Es un tema muy grave que afecta directamente a la confianza de los vecinos en su ayuntamiento”.