El viernes, el presidente y consejero delegado de la autoridad aeroportuaria Aena declaró en un foro empresarial que desconocía la existencia de ninguna propuesta “madura” respecto a una posible participación de los gobiernos autonómicos en la gestión aeroportuaria. Maurici Lucena defendió el actual modelo de gestión y subrayó que los derechos de los accionistas, la estructura accionarial y el marco legal y constitucional vigente “deben ser respetados”.
Lucena se refirió a uno de los accionistas de Aena, la empresa británica de fondos de inversión TCI. El jueves, TCI había enviado una carta a Lucena advirtiendo de que sus inversiones se verían en riesgo si las presiones de varios gobiernos autonómicos, incluido el de Baleares, triunfasen en lograr una cogestión de los aeropuertos. La misiva de TCI afirmaba que dichas iniciativas eran “ilegales e inconstitucionales”.
El cuarenta y nueve por ciento de las acciones de Aena están en manos privadas; el resto lo ostenta el Gobierno español a través de la holding ENAIRE. TCI fue uno de los accionistas iniciales cuando Aena se privatizó parcialmente en 2014, y esta privatización se ha señalado como un factor que complica cualquier propuesta de participación autonómica.
El Gobierno español ha remarcado este punto, aunque ahora se dice dispuesto a considerar la participación en el País Vasco y Cataluña. Baleares también aspira a la cogestión, habiendo el actual gobierno seguido los pasos de ejecutivos previos, tanto de derechas como de izquierdas, en la consecución de este objetivo. Andalucía y Canarias también han manifestado su interés en algún tipo de acuerdo de participación.
En Baleares, se ha sostenido que la gestión autonómica podría ser un medio para efectuar una contención turística, si bien nunca se ha explicado cómo se tomarían las decisiones en caso de un cambio en el modelo de gestión, y menos aún cómo se verían afectados los horarios de las aerolíneas.
Hasta qué punto está realmente dispuesto el Gobierno español a considerar los acuerdos para el País Vasco y Cataluña es cuestionable, aun siendo consciente de la necesidad de apoyos nacionalistas en ambas regiones. Pero la estructura accionarial supone una complicación, y todas las partes interesadas saben que así es.