Las cifras del segundo trimestre publicadas por el Consejo General del Poder Judicial sitúan a Baleares como la segunda comunidad con mayor índice de desahucios de España. Se registraron 245 lanzamientos, lo que supone un incremento interanual de casi un cuatro por ciento. De estos, 204 fueron por impago de alquiler o por fin de contrato, lo que representa un aumento del 4,6%. En términos de desahucios por arrendamiento, la tasa se situó en 16,6 por cada 100.000 habitantes, mientras que la media nacional fue de 10,9.
El economista Pau A. Montserrat, catedrático de la Universidad de las Islas Baleares, atribuye esta tasa de desahucios a los elevados precios de la vivienda y a la inseguridad jurídica a la que se enfrentan los propietarios. Sostiene que los alquileres son tan altos precisamente por esta incertidumbre y no debido a un ánimo especulativo de los arrendadores.
“Los precios son tan elevados debido a la gran inseguridad jurídica existente. Los propietarios saben que se enfrentan a la posibilidad de impago y, si se considera a los inquilinos como vulnerables, resulta muy difícil desalojarlos. Tienen que ir a juicio, un proceso muy lento.”
“Si pudiéramos garantizar seguridad a los propietarios, los alquileres no serían tan altos. Cuando los contratos finalizan y se realizan renovaciones, los precios suben debido a la escasa oferta; hay muy pocas viviendas que los dueños quieran poner en alquiler. Esto provoca que las familias, obligadas a alquilar y con salarios muy limitados, no puedan afrontar el pago del alquiler.” El ochenta y cinco por ciento de los desahucios de inquilinos en el segundo trimestre de este año fueron por impago.
“Mientras dispongamos de un parque de vivienda tan reducido, carezcamos de vivienda social en alquiler y los salarios sigan lastrados por la productividad del sector hotelero, tendremos este problema: familias incapaces de pagar el alquier.”
“Las medidas adoptadas por los gobiernos, lejos de contener los precios, pueden producir el efecto contrario. Si se limitan las rentas y los propietarios enfrentan inseguridad jurídica, se reduce la oferta. Esto, a su vez, conduce a precios más altos, ya sean declarados o no.”