Los informes sobre abuso sexual digital contra menores en España han aumentado un 13% en solo dos años, según un nuevo análisis publicado por Save The Children.
El informe de la organización, Detrás de la Pantalla: Violencia Sexual Contra la Infancia en el Entorno Digital, examina 23 sentencias judiciales vinculadas a 28 casos de grooming online resueltos entre 2023 y 2024.
Aunque se limita a los casos que llegaron a juicio, las conclusiones ponen de relieve un problema creciente y en gran medida oculto.
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Datos oficiales del Ministerio del Interior muestran que los delitos sexuales digitales contra menores aumentaron de 954 casos en 2022 a 1.078 en 2024.
Las más afectadas por estos casos siguen siendo las niñas, con una media de edad de 13 años, que constituyen el 68,6% de las víctimas.
El grooming online se refiere a situaciones en las que un adulto contacta con un menor a través de plataformas digitales con el objetivo de explotación sexual.
El informe señala que los agresores son mayoritariamente hombres sin antecedentes penales previos. En el 41,7% de los casos tenían un vínculo conocido con el niño, mientras que un 25% implicaba a familiares –un aumento significativo en comparación con análisis anteriores.
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El preocupante informe fue publicado por la organización benéfica Save the Children. Crédito: Cordon Press
Save the Children también expresa su preocupación por cómo el sistema judicial maneja estos casos.
Más del 60% de los procedimientos analizados duraron tres años o más, y al 65% de las víctimas se les exigió declarar en más de una ocación, incrementando el riesgo de retraumatización.
Catalina Perazzo, Directora de Incidencia y Desarrollo Territorial de Save the Children, declaró sobre el nuevo informe: “El aumento de las denuncias refleja una mayor visibilidad, pero también confirma que internet sigue siendo un espacio inseguro para la infancia”.
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Aunque la ley de protección infantil en España exige procedimientos judiciales adaptados a los niños, Save the Children argumenta que su aplicación es irregular y reclama más juzgados especializados, la declaración grabada obligatoria y una mayor implantación del modelo de justicia adaptada a la infancia Barnahus.
La Ley 8/2021 de España establece: “La violencia sobre la infancia y la adolescencia es una realidad execrable y extendida, que afecta a múltiples esferas de la vida… Esta ley combate la violencia sobre los niños, niñas y adolescentes mediante un enfoque integral, respondiendo de forma amplia a la naturaleza multidimensional de sus factores de riesgo y de sus consecuencias.”
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