El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, afirma que se han reducido los atascos y accidentes en las zonas donde se han tomado medidas; así lo indican los informes técnicos.
Añade que el Consell seguirá trabajando para implementar más mejoras. “En dos años se han creado más planes que en ocho (en referencia a las dos anteriores administraciones de la coalición de izquierdas). Estamos desarrollando un plan de 164 millones de euros para las entradas a Palma. Hay proyectos finalizados que han disminuido los atasco, como la salida de Son Oms hacia el aeropuerto y la de Son Sant Joan hacia Llucmajor. Además, hemos destinado 20 millones de euros para mejorar carreteras secundarias, que estaban abandonadas, y otros 24 millones para eliminar 40 puntos conflictivos.”
Tras dos años en el cargo, Galmés impulsa una ley para limitar los vehículos. “El borrador que tenemos cuenta con el aval jurídico de los servicios legales del Consell. Tenemos el apoyo casi total de las asociaciones empresariales, y por primera vez hemos encargado un estudio de capacidad de carga.
“Dicho estudio indicó que en 2023 entraron a Mallorca casi 400.000 vehículos y que esta cifra no es absorbible. Por eso impulsamos un proyecto de ley, que deberá aprobar el Parlament balear, aplicando un impuesto disuasorio y fijando un límite a los coches de alquiler que no pagan impuestos en las islas. Los no residentes con vivienda aquí solo podrán tener un vehículo por hogar, siempre que paguen el impuesto de circulación. Esto tiene respaldo legal y estamos protegidos al ser un territorio limitado.”
El turismo influye en la congestión viaria, y el Consell enfrenta constantes quejas por la masificación en Mallorca. Al respecto, Galmés explica que se está modificando el plan PIAT de intervención en áreas turísticas, aunque llevará “varios años”.
“Pero gracias al decreto turístico del Govern y tras un estudio de carga turística que encargamos a la Universitat, podremos aprobar la reducción de capacidad y fijarla en un máximo de 412.000 plazas alojativas. Además, combatimos la oferta ilegal, solicitando cuatro millones de euros de la tasa turística, pues daña gravemente la marca Mallorca. Hemos pasado de 20 a 30 inspectores y hay 17 nuevos empleados en el departamento de inspección. Actualmente se tramitan multas por ocho millones de euros.”