BOGOTÁ, Colombia (AP) — Las guerrillas colombianas en contra del gobierno se han fortalecido durante los tres años del presidente Gustavo Petro en el poder. Esta fuerza se vio en los ataques descarados de esta semana, que incluyeron un coche bomba y el derribo de un helicóptero policial — violencia que dejó al menos 19 personas muertas.
Las autoridades culparon de ambos ataques a facciones disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el notorio grupo rebelde que durante décadas luchó contra el gobierno, realizando asesinatos, secuestros y bombardeos para desestabilizar a las autoridades en Bogotá.
Y aunque las FARC firmaron un acuerdo de paz con el gobierno en 2016 y algunos miembros se convirtieron en un partido político, los rebeldes que se separaron del grupo principal han continuado con una campaña de terror.
Los ataques subrayan los fracasos de la política estrella de Petro de negociar simultáneamente con múltiples grupos ilegales, dicen analistas. Una estratégia que ha permitido a los grupos rebeldes ganar territorio y poder en zonas con históricamente poca presencia del estado.
Se predice que los rebeldes probablemente intensificarán sus ataques para afirmar su poder de cara a las elecciones presidenciales de Colombia del próximo mayo.
Un uso ‘preocupante’ de drones
El helicóptero policial transportaba personal a una zona en la región norte de Antioquia para ayudar en los esfuerzos de erradicación de cultivos de hoja de coca, la materia prima de la cocaína, cuando fue derribado. Murieron trece oficiales de policía.
El director de la policía de Colombia, el mayor general Carlos Fernando Triana, dijo a periodistas el viernes que los rebeldes usaron dispositivos explosivos, como lanzacohetes de dinamita casera, además de drones en el ataque. Pero no confirmó que un drone fuera el único responsable de derribar el helicóptero.
El uso del drone muestra no solo el acceso de los insurgentes a tecnología de guerra más moderna, sino también su nueva capacidad para interrumpir el espacio aéreo del país, largamente dominado por el ejército colombiano.
“El uso de drones es un cambio preocupante e importante en la forma en que los grupos insurgentes atacan al estado”, dijo Cynthia Arnson, profesora adjunta en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins.
“Ya no necesitan misiles antiaéreos portátiles”, añadió.
Petro, quien en su juventud también estuvo en un grupo rebelde, lanzó negociaciones con nueve grupos insurgentes y bandas de narcotraficantes separados desde que asumió el cargo en 2022 bajo su estrategia de “paz total”. Pero hasta ahora, solo un grupo pequeño ha acordado comenzar una transición hacia la vida civil.
Para 2018, disidentes de las FARC y otros grupos ilegales comenzaron a pelear por los territorios que el estado no había podido proteger después de que las FARC se desarmaran y abandonaran las tierras.
Según Arnson, la política de Petro entonces permitió a los grupos armados “aprovechar los ceses al fuego para fortalecerse y su control” sobre áreas específicas.
Hoja de coca, explosivos y envíos de drogas
El área bajo cultivo de hoja de coca en Colombia alcanzó un récord de 253,000 hectáreas (alrededor de 625,000 acres) en 2023, según el último informe disponible de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
La policía dijo que el despliegue del helicóptero en la zona rural de Amalfi en Antioquia del jueves siguió a un ataque con explosivos y disparos contra oficiales que trabajaban en la erradicación de cultivos de coca. La aeronave fue alcanzada cuando intentaba brindar apoyo a los oficiales que estaban siendo atacados en tierra.
Datos militares muestran que hubo 108 ataques con drones en Colombia en 2023, mientras que se han reportado 118 hasta ahora este año. Los drones se usan para lanzar explosivos y también para monitorear tropas del ejército y zonas de envíos de drogas, por ejemplo.
En la ciudad suroccidental de Cali, las autoridades dijeron que un vehículo cargado con explosivos detonó cerca de una escuela de aviación militar el jueves, matando a seis personas e hiriendo a más de 70 — todos civiles.
Una elección presidencial en el panorama
Los colombianos fueron profundamente conmocionados por la muerte a principios de este mes del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, a quien dispararon en la cabeza durante un mitin político en un parque en Bogotá en junio.
El senador murió en el hospital más de dos meses después del tiroteo — un ataque que evocó la violencia política de los años 90, cuando el narcotraficante de Medellín Pablo Escobar le declaró la guerra al estado.
Uribe Turbay se había convertido en uno de los críticos más fuertes de Petro, el primer presidente izquierdista de Colombia, a quien la constitución le prohibe buscar la reelección.
Quienquiera que ocupe el cargo principal después de las elecciones de mayo, tendrá que considerar la creciente presencia de los insurgentes, según Will Freeman, miembro de Estudios Latinoamericanos del Consejo de Relaciones Exteriores.
Petro heredó una situación compleja de vacíos territoriales en el campo que se remonta a las consecuencias de la firma del acuerdo de paz con las FARC, y bajo su presidencia, las condiciones han empeorado con “aumentos en las tasas de desplazamiento forzado, confinamiento y masacres”, dijo Freeman.
Los grupos ilegales probablemente realizarán más “muestras tácticas de violencia” a medida que se acerquen las elecciones, añadió.
“Demostrar su poder mediante este tipo de ataques públicos espectaculares es una forma de mejorar su posición negociadora o enviar un mensaje fuerte”, dijo Freeman.
Garcia Cano reportó desde Ciudad de México.