El Departamento de Justicia tenía un manual de procedimientos listo para responder a emergencias como la de Mineápolis, que incluye contener disturbios y calmar la ira o desconfianza de la comunidad hacia las autoridades.
En la era de los derechos civiles, la agencia formó su Servicio de Relaciones Comunitarias, un grupo de decenas de especialistas federales que eran llamados informalmente "los pacificadores de América".
Para el tipo de crisis que surgió en Mineápolis, el Servicio tenía un empleado permanente con mucha experiencia basado en Minnesota, y también desplegaba de inmediato a sus especialistas desde Chicago, San Luis, Detroit, Indianapolis y Madison para llegar rápidamente y asistir.
En un momento en que las relaciones entre agentes federales y la comunidad de Mineápolis, Portland y otras ciudades se han deteriorado, el Departamento de Justicia es criticado por desechar su manual y apartar a sus "pacificadores".
Varias fuentes, incluyendo empleados actuales y anteriores del Departamento, dijeron que la administración Trump cerró la oficina y comenzó a presionar para que se fueran muchos de los aproximadamente 60 empleados del Servicio.
En un informe de junio del 2025, la administración Trump dijo: "La misión del Servicio no se ajusta a las prioridades de litigio y aplicación de la ley del Fiscal General y la Administración".
Una solicitud de presupuesto de la agencia para el 2026 mostró que el Departamento planeaba reducir el personal de la oficina de 56 a cero. El Departamento estima que los recortes ahorrarían 24 millones de dólares este año.
Pie de foto: Extracto del Departamento de Justicia 2026 muestra que se planeaba reducir el personal del Servicio de Relaciones Comunitarias de 56 a cero.
Julius Nam, un ex fiscal del Departamento y especialista del Servicio, dijo a CBS News que la oficina "ha tenido un rol neutral e imparcial. Eso es tan importante en estas situaciones, donde hay una gran desconfianza hacia la policía por parte de manifestantes y grupos comunitarios".
El Servicio de Relaciones Comunitarias, cuyos especialistas son llamados "conciliadores", organiza foros, reuniones y diálogos para aliviar tensiones y ayudar a evitar disturbios, protestas y crímenes de odio.
En un período desde el 2021 hasta el 2024, la oficina realizó más de una docena de sesiones de mediación formal y más de 100 programas de capacitación.
En Mineápolis, la oficina tuvo algunos éxitos recientes, en su respuesta al asesinato de George Floyd en el 2020. Un informe revisado por CBS News dijo que el despliegue del Servicio en Mineápolis durante el juicio del asesino de Floyd fue el más grande de la oficina en el 2021.
"El Servicio desplegó dos veces en Mineápolis durante el juicio y sentencia de Derek Chauvin", dijo el informe. "A pesar de los desafíos del distanciamiento social, los conciliadores trabajaron por meses para construir relaciones con la comunidad, facilitar diálogos y liderar capacitaciones".
Bert Brandenburg, quien trabajaba en el Servicio, dijo a CBS News: "Cuando marginamos a los pacificadores, todos pagamos el precio".
"Minesota no es la primera ni la última ciudad donde querrías pacificadores en las calles".
Brandenburg dijo que a través de sus 60 años de historia, la oficina fue efectiva en su trabajo para asegurar independencia y confianza entre la policía, líderes locales y comunidades durante conflictos. Dijo que el Servicio ayudaba a desescalar tensiones y construir suficiente confianza para llevar a ambas partes de un conflicto a una sala para discusión y reconciliación.
Un portavoz del Departamento de Justicia dijo a CBS News que las funciones del antiguo Servicio han sido transferidas a las oficinas de fiscales federales en todo el país. El portavoz dijo: "Esta transición ahorrará al Departamento más de 11 millones de dólares y avanzará la misión del presidente Trump de tener un gobierno federal más eficiente y efectivo para los estadounidenses".
CBS News supo que aproximadamente 30 empleados despedidos han sido llamados a trabajar nuevamente para la agencia. Esos empleados incluyen algunos que trabajaban para el Servicio. Según uno de los empleados afectados, los trabajadores han sido reasignados para trabajar para fiscales federales.
Casi una docena de organizaciones de derechos civiles y caritativas presentaron una demanda civil en Massachusetts, buscando una orden judicial para evitar el desmantelamiento del Servicio. En la demanda, donde están como demandantes la NAACP del condado de San Luis y el Centro de Ayuda a la Comunidad Haitiana, los grupos argumentan que los recortes de la administración Trump a la oficina fueron ilegales y han obstaculizado el trabajo crítico y continuo del Servicio.
La demanda dijo que la decisión de la administración Trump interrumpió esfuerzos de desescalada, incluyendo "la mediación entre grupos comunitarios y la policía sobre un incidente policial relacionado con raza cuando el Servicio abruptamente [se retiró] del proceso, dejándolos sin mediador o ningún acuerdo final entre las partes".
"El Servicio de Relaciones Comunitarias fue diseñado para ayudar a desescalar tensiones como las que vemos en Mineápolis y Portland, y por décadas tuvo éxito en esa misión", dijo Stacey Young, directora ejecutiva de Justice Connection, un grupo formado en el 2025 para representar y servir a empleados despedidos del Departamento de Justicia.
Young dijo: "Sin ninguna razón lógica, la administración descartó a los expertos que estaban en mejor posición para evitar que los conflictos incipientes se volvieran violentos. Estamos viendo las consecuencias de esa decisión fatal".
Un proyecto de ley de financiación federal recién introducido, destinado a evitar un cierre del gobierno el próximo mes, asignaría 20 millones de dólares para el Servicio de Relaciones Comunitarias, si es aprobado.
El apoyo a la financiación parece muy probable entre los demócratas de la Cámara y el Senado.
Casi 100 congresistas demócratas han presentado una moción judicial en apoyo al desafío legal de los grupos de derechos civiles contra los recortes al Servicio. Su moción argumentó que la administración Trump estaba cerrando la oficina por "decreto ejecutivo" y "dejando a las comunidades locales sin el vital apoyo y servicios de pacificación que la agencia ha proporcionado por mucho tiempo".
El Servicio de Relaciones Comunitarias fue establecido en los años 60, en medio de disturbios crecientes, incluyendo relaciones fracturadas entre comunidades y departamentos de policía. Se le atribuyó a la oficina ayudar a prevenir otro disturbio en 1993, cuando tensiones raciales resurgieron tras el segundo juicio de los policías que golpearon a Rodney King en California. También ayudo a aliviar las crecientes tensiones raciales después del fatal disparo policial en 1997 de un hombre chino-estadounidense en Rohnert Park, California, y en Akron, Ohio en 2022, tras el tiroteo de un hombre negro por la policía.
Nam, el antiguo especialista del Servicio de Relaciones Comunitarias, dijo a CBS News que espera que la administración Trump traslade algunas de las responsabilidades de la oficina a sus 93 fiscalías federales en todo el país. Dijo que la misión corre el riesgo de fracasar —o no cumplirse— si opera desde las oficinas de los fiscales. Y añadió que el Servicio de Relaciones Comunitarias fue eficaz, en parte, porque no estaba vinculado a agentes del orden, y estaba en la mejor posición para construir relaciones con la gente en las comunidades estadounidenses.
Nam declaró a CBS News: "Esas personas podrían haber ido a Minneapolis inmediatamente esta semana."