El Consejo Económico y Social (CES) ha alertado sobre la existencia de un mercado ‘alegal’ de citas administrativas en su “Informe sobre la realidad de la migración en España: Prioridades para las políticas públicas”, una situación que, según advierte, coloca a los migrantes en un ‘callejón sin salida’. El departamento que dirige Elma Saiz encomendó este estudio al CES ‘a fin de contribuir al diagnóstico de dicha realidad y aportar propuestas de actuación con el objetivo de lograr una migración ordenada, segura y regular’. El documento fue recogido por Europa Press en la sede del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en Madrid.
El informe revela que las ‘dificultades’ para obtener una cita por internet ‘se han visto agravadas por la proliferación de prácticas que acaparan citas de forma automática en la red y las desvían hacia circuitos privados, poniéndolas a disposición únicamente de ciertos servicios profesionales a cambio de tarifas elevadas’.
‘Estas prácticas han generado un mercado alegal que lucra con los extranjeros necesitados y excluye a quienes no disponen de recursos económicos suficientes para costearse los trámites, dificultando en la práctica la defensa de sus derechos o intereses legítimos ante la administración’, sostiene el CES. El Consejo considera el término ‘alegal’ un ‘matiz importante’, ya que esta práctica no es legal, pero tampoco está tipificada como delito.
A esta circunstancia se suma ‘la dificultad, o directamente imposibilidad para muchas personas, de realizar trámites por vía electrónica por carecer de medios y/o formación. La concurrencia de todos estos factores sitúa a muchos migrantes en un callejón sin salida administrativo que puede comprometer su situación migratoria, el acceso al mercado laboral o a ciertos servicios’, subraya.
Para el CES, ‘resulta imperioso proseguir con los esfuerzos para erradicar las prácticas mencionadas que imposibilitan la obtención de citas e implantar, además, mecanismos alternativos para conseguirlas’. Asimismo, enfatiza la ‘necesidad’ de dotar de ‘vías suficientes’ de atención presencial ‘a fin de evitar que se generen este tipo de barreras administrativas, tanto para la obtención de citas como para la realización de los trámites requeridos’.
En lo que respecta a los procedimientos relativos a autorizaciones y acceso a documentación (NIE, TIE, ‘tarjeta roja’ para solicitantes de protección internacional), advierte de una ‘considerable disparidad territorial’, tanto en los plazos medios de resolución como en el porcentaje de solicitudes resueltas dentro del plazo legal de tres meses. ‘Se constatan así dilaciones excesivas, superándose en algunas provincias y periodos dichos plazos en estos trámites’, apunta.
Reclama una ‘mayor coordinación, simplificación y agilización’ de los procedimientos administrativos de gestión migratoria y considera “esencial” dotar de recursos personales y materiales ‘adecuados’ a toda la red de oficinas. Adicionalmente, insta a garantizar el acceso a la asistencia para migrantes en oficinas consulares y de extranjería, ‘evitando que la utilización de medios electrónicos para la comunicación y la tramitación, positiva en sí misma, genere nuevas barreras’.