La ofensiva contra los alquileres vacacionales, las barcas de fiesta y los albergues juveniles — así podrían resumirse las medidas presentadas este martes por el alcalde de Palma, Jaime Martínez. El regidor ha anunciado un paquete de iniciativas que se aplicarán en todo el término municipal.
Entre las que entrarán en vigor de inmediato —con efecto retroactivo de tres meses para impedir que se aprueben nuevas licencias— se encuentra la prohibición total de los alquileres turísticos en Palma “en cualquir modalidad”. Hasta ahora, dichos alquileres estaban prohibidos en edificios plurifamiliares, pero la restricción se extenderá a las viviendas unifamiliares y al alquiler de habitaciones, que hasta la fecha se anunciaban en plataformas como Airbnb.
“En el municipio solo existen 639 licencias legales de alquiler turístico. Esas son válidas y se mantendrán, pero si se cancelan, no se expedirán nuevos permisos,” advirtió. El objetivo es que la medida se apruebe —no en la próxima sesión plenaria, que resulta demasiado inmediata— sino en la siguiente, aunque surtirá efecto de forma retroactiva.
Asimismo, se vedará la apertura de cualquier nuevo albergue en toda Palma, y se incentivará a los existentes a que se reconviertan en hoteles o viviendas residenciales.
Martínez también manifestó que las embarcaciones de fiesta quedarán totalmente prohibidas a partir de la próxima temporada en el Paseo Marítimo de Palma, y que el ayuntamiento está colaborando con la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) para determinar cómo se aplicará la restricción. Dicha actividad había generado un número significativo de quejas por parte de los vecinos.
Según Martínez, la prohibición de los alquileres vacacionales pretende incrementar la oferta de vivienda disponible para el alquiler a largo plazo.