El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha multado a la plataforma de alquiler turístico Airbnb con 64 millones de euros —según un comunicado difundido este lunes por el departamento que dirige Pablo Bustinduy—, entre otras razones, por publicar anuncios de alojamientos sin licencia. La resolución es firme y agota la vía administrativa, tras resolverse el recurso interpuesto ante el propio ministro de Consumo.
El fallo incluye, además, dos sanciones accesorias que obligan a la plataforma a rectificar las infracciones detectadas, retirando los contenidos ilícitos publicados y divulgando la sanción impuesta. Los incumplimientos de la normativa de consumo —identificados en un total de 65.122 anuncios en Airbnb y que han motivado esta resolución— consistieron en prácticas comerciales desleales hacia los consumidores y usuarios.
Consumo aludió a la publicación de anuncios de viviendas turísticas no registradas, incumpliendo las obligaciones que impone la mayoría de las normativas autonómicas, que exigen indicar el número de registro en la publicidad. También mencionó aquellos anuncios que emplean números de licencia o registro falsos o incorrectos, así como los que carecen de información veraz sobre la condición jurídica de los anfitriones, lo que constituye publicidad engañosa.
Por ello, se ha impuesto una multa por infracción grave por importe de 64.055.311 euros, que, según la Agencia de Consumo, equivale a “seis veces el beneficio ilícito” obtenido por Airbnb como consecuencia de estas prácticas, mantenidas desde que el Ministerio cursó su advertencia hasta la retirada de los anuncios. En este contexto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya había avalado con anterioridad en diversas sentencias la orden de retirada del Ministerio.
El Ministerio también ha identificado un incumplimiento del régimen y las obligaciones de los contratos a distancia, al omitir información sobre la naturaleza jurídica del anfitrión del alojamiento turístico anunciado. Se trata de una infracción leve, sancionable con 10.000 euros. Asimismo, señaló la obstrucción o negativa a facilitar información durante la investigación del caso, al no responder la plataforma a los requerimientos de Consumo, otra infracción leve penada con 10.000 euros.
Por último, ha constatado el incumplimiento de los deberes y prohibiciones impuestas por órdenes o medidas provisionales del órgano instructor —dictadas para evitar riesgos o perjuicios a los consumidores durante la tramitación del expediente—, una infracción grave sancionable con 55.000 euros. En el ámbito de la vivienda, el Ministerio ha reiterado que mantiene abiertos diversos procedimientos sancionadores contra agencias inmobiliarias por posibles prácticas abusivas hacia inquilinos en la gestión de alquileres.
Todas estas actuaciones se enmarcan en el objetivo de Pablo Bustinduy de contribuir a afrontar la crisis de vivienda en España, uno de los principales problemas del país. Bustinduy afirmó que “hay miles de familias viviendo al límite por la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus casas”, y subrayó que “ninguna empresa en España, por grande y poderosa que sea, puede estar por encima de la ley”.