Según informaciones de medios españoles, las autoridades de España obtendrán el derecho de vetar la entrada en Gibraltar y bloquear solicitudes de residencia para gibraltareños como parte del acuerdo post-Brexit del territorio británico de ultramar.
Con el texto del tratado post-Brexit de Gibraltar pendiente de publicación casi una década después del referéndum, varios reportajes apuntan a que el acuerdo concederá a España la potestad de vetar la entrada y residencia de ciudadanos extracomunitarios, incluidos los británicos.
El tratado, cuya publicación se espera para este jueves según la prensa gibraltareña, llega casi diez años después del referéndum del Brexit de 2016 y pretende poner fin al limbo jurídico en el que ha vivido el territorio desde entonces.
El diario español El País informa de que el tratado post-Brexit también contempla el desmantelamiento simbólico de la verja fronteriza —conocida como ‘La Verja’— que ha separado Gibraltar de España durante más de un siglo.
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El Artículo 7 establece que “Todas las barreras físicas serán eliminadas conforme al plan contenido en el acuerdo administrativo entre el Reino Unido y España relativo a Gibraltar”.
De ser aprobado, esto podría permitir la retirada de la frontera a partir del 10 de abril, fecha en la que el acuerdo iniciará su fase de aplicación provisional.
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Medios locales andaluces señalan que el plazo de abril está vinculado a la entrada en vigor del nuevo Sistema Europeo de Entrada/Salida (EES), que modificará los controles fronterizos en la UE.
No obstante, El País, que ha tenido acceso al texto, también revela que el tratado crea un sistema por el cual las autoridades españolas no solo tendrán derecho a vetar la entrada de viajeros extracomunitarios en Gibraltar, incluidos ciudadanos del Reino Unido, sino también, y esto es crucial, a conceder o renovar permisos de residencia en el territorio ultramarino cuando consideren que los solicitantes representan un riesgo para la seguridad, la salud pública o las relaciones internacionales.
Antes de emitir o renovar un permiso de residencia gibraltareño, las autoridades británicas notificarán a sus homólogas españolas, las cuales retendrán el derecho de vetar ciertas solicitudes si, de acuerdo con las normas Schengen, el solicitante es considerado una amenaza para la seguridad, la salud pública o las relaciones internacionales.
El País subraya que, en los casos mencionados, las autoridades británicas no otorgarán el permiso e informarán al afectado de que puede interponer un recurso ante las autoridades españolas, las cuales dispondrán de 28 días, prorrogables a 42, para adoptar una decisión.
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El acuerdo convierte a Gibraltar en parte de la Zona Schengen, pero no alterará en nada las reivindicaciones de soberanía sobre el territorio.
Una filtración del texto publicada esta semana en medios españoles esbozaba el Artículo 2 del tratado, que afirma: “El presente Acuerdo, cualquier acuerdo complementario a que se refiere el Artículo 3, cualquier arreglo administrativo u otro arreglo relacionado con este Acuerdo, y cualquier medida, instrumento o conducta adoptada en aplicación o como resultado del mismo, o en virtud del mismo, se entenderán sin perjuicio de las respectivas posiciones jurídicas del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte o del Reino de España en cuanto a soberanía y jurisdicción, y no constituirán base para ninguna afirmación o negación de soberanía, incluso en procedimientos judiciales o de otro tipo.”
Al tratarse de un tratado entre la UE y el Reino Unido, el texto deberá ser ratificado legalmente por los parlamentos europeo y británico antes de entrar en vigor.
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