Nuevo acuerdo hispano-británico sobre datos cambia las normas para los expatriados británicos.
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Los expatriados británicos en España se han visto afectados por un cambio significativo en 2025. Ha entrado en vigor un exhaustivo nuevo acuerdo de intercambio de datos entre el Reino Unido y España, el cual redefine la forma en que ambos gobiernos rastrean multas, impuestos y situaciones de residencia.
Para los ciudadanos británicos residentes en España, o aquellos que viajan con regularidad entre ambos países, este acuerdo conlleva serias consecuencias.
Lo que realmente cambia el acuerdo
Hasta ahora, muchos partían de la base de que una multa de aparcamiento en Málaga o una deuda tributaria en el Reino Unido se quedaban en el olvido al cruzar la frontera. Pero, con las nuevas normas, esos días han llegado a su fin.
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El acuerdo implica que ambos países intercambian ahora automáticamente información sobre multas de tráfico, puntos del carnet de conducir, antecedentes penales, registros de vehículos, cumplimiento fiscal y eventos relativos a residencia o visados. Dicha información se transmite entre autoridades de forma segura y en tiempo real.
El pacto coincide con la Ley de Uso y Acceso a Datos del Reino Unido de 2025, que dota a las agencias fronterizas y de cumplimiento británicas de potestad para actuar inmediatamente sobre multas extranjeras y cuestiones legales. Esto cierra la laguna jurídica que permitía a los expatriados eludir deudas o sanciones trasladándose al otro lado del Canal.
El marco legal que sustenta el acuerdo
Por parte española, se aplican protecciones al estilo del RGPD, mientras que la nueva ley británica introduce sus propios límites de proporcionalidad y obligaciones. Ambos gobiernos están obligados a mantener registros de auditoría sobre quién accede a los datos y por qué motivo. Los ciudadanos también conservan el derecho a consultar o impugnar sus registros.
De momento, el Reino Unido aún se beneficia del estatus de “adecuación” de la UE, lo que significa que los flujos de datos se consideran seguros bajo la normativa europea. Dicho estatus será revisado nuevamente a finales de 2025. Los funcionarios de ambos países también tienen nuevas facultades para vetar ciertas transferencias internacionales si se consideran de alto riesgo o contrarias al interés público.
Alcance: desde multas de tráfico hasta visados
La lista de lo que ahora puede compartirse es amplia y detallada. Incluye:
- Infracciones de tráfico como multas por exceso de velocidad, prohibiciones por conducción bajo los efectos del alcohol y sanciones por estacionamiento.
- Deudas tributarias y obligaciones patrimoniales, incluyendo declaraciones de renta atrasadas, cotizaciones a la seguridad social impagadas e impuestos sobre alquileres o Patrimonio no declarados.
- Sentencias judiciales y sanciones administrativas, abarcando órdenes de indemnización no resueltas y ciertos casos relacionados con el fraude.
- Decisiones en materia de residencia y visados, desde renovaciones y rechazos hasta expulsiones por incumplimiento.
El efecto práctico es evidente. Una infracción de tráfico en España puede ahora figurar en el historial del carnet de conducir del Reino Unido. Una licencia suspendida en Gran Bretaña puede complicar los trámites en España. Las sanciones judiciales impagadas en el Reino Unido podrían causar problemas al comprar una propiedad o registrar un vehículo en España.
Los registros fiscales y financieros, en el punto de mira
Quizá el cambio más significativo para los expatriados sea el intercambio de inteligencia financiera. Las autoridades pueden ahora cotejar en tiempo real pensiones del extranjero, intereses bancarios, participaciones accionariales e ingresos inmobiliarios. Esto forma parte de un esfuerzo más amplio para combatir la evasión fiscal y lo que los funcionarios denominan “turismo de residencia”.
Para aquellos que viven entre ambos países, el riesgo de errores u omisiones se ha incrementado notablemente. Incluso pequeñas cantidades de ingresos no declarados pueden ser ahora señaladas tanto por el HMRC en Gran Bretaña como por los inspectores de Hacienda españoles.
Las transacciones inmobiliarias también reciben una atención más estrecha. Las compras realizadas por ciudadanos británicos en España pueden estar sujetas a comprobaciones adicionales, particularly si el comprador es no residente o depende de fondos del extranjero.
Derechos, salvaguardas y privacidad
Ambos gobiernos subrayan que el nuevo acuerdo cuenta con garantías legales. Se debe notificar a los ciudadanos cuando se accede a sus datos con fines oficiales. Se deben mantener registros de los accesos, y los individuos pueden presentar reclamaciones, solicitar correcciones o recurrir decisiones basadas en datos inexactos.
La Ley británica de 2025 prohíbe explícitamente los “barridos indiscriminados” o el uso de información personal para marketing comercial. Las búsquedas deben ser “razonables y proporcionadas” al caso en cuestión.
Se aconseja a los expatriados que hagan uso de sus derechos, en particular las Solicitudes de Acceso del Interesado (DSARs), que les permiten ver qué información se guarda sobre ellos y cómo se está utilizando.
Casos prácticos que subrayan el impacto
El nuevo sistema ya ha demostrado cómo el cumplimiento transfronterizo puede alterar la vida cotidiana.
Un ejemplo involucró a un jubilado que ignoró multas por exceso de velocidad en España, solo para enfrentarse meses después a puntos en su carnet y avisos de cobro en el Reino Unido. Otro caso concernió a una freelance británica con viviendas en ambos países, que omitió declarar una pensión británica en su declaración de la renta española. Cuando la omisión fue detectada mediante el intercambio de datos, fue multada en ambas jurisdicciones y experimentó retrasos en la renovación de su visado.
Estos casos ilustran que el cumplimiento transfronterizo ya no es teórico. Para muchos expatriados, las consecuencias son inmediatas y costosas.
Qué deberían hacer los expatriados ahora
Los especialistas que asesoran a ciudadanos británicos en España son claros: los expatriados deben ahora tratar sus obligaciones como parte de un único sistema legal interconectado. Las medidas prácticas incluyen:
- Pagar todas las multas puntualmente, ya sea en España o en el Reino Unido.
- Declarar cada fuente de ingresos, incluyendo pensiones y propiedades en alquiler.
- Mantener registros exhaustivos de pagos y correspondencia.
- Verificar los documentos de conducción, visado y residencia antes de solicitar renovaciones.
- Buscar asesoramiento legal con antelación si surgen discrepancias.
No hacerlo podría resultar en trámites retrasados, solicitudes denegadas, o incluso restricciones en la compra de propiedades y derechos de conducción.
Una nueva realidad para los expatriados
El pacto de intercambio de datos entre el Reino Unido y España refleja una tendencia europea más amplia de endurecer el cumplimiento transfronterizo. Para los expatriados, marca el fin de una era en la que las multas no resueltas o los ingresos no declarados podían ignorarse discretamente.
Vivir en España como británico en 2025 implica ahora mayor responsabilidad, menos lagunas legales y una necesidad acuciante de disciplina documental. Para muchos, esto supondrá una tranquilidad. Para otros, será un shock.
En cualquier caso, el mensaje de ambos gobiernos es claro: en los sistemas interconectados de hoy, lo que pasa en España no se queda en España.