En marzo de 2024 se anunció la instalación de 32 radares en la carretera MA-10 de la sierra de Tramuntana. El principal motivo para su colocación era poner freno a las carreras clandestinas de motos y coches, que desde hace años han convertido la vida de los residentes en un verdadero infierno.
Su instalación estaba prevista para el verano pasado. A día de hoy, ni siquiera se ha iniciado la fase de licitación del contrato para la adquisición de los dispositivos.
El Consell de Mallorca afirma que existe un acuerdo con la Dirección General de Tráfico en cuanto al modelo de radar, el cual está sujeto a la normativa de la Unión Europea. La entidad insular señala que la licitación está a punto de publicarse. La compra, con un coste aproximado de 1,2 millones de euros, así como la instalación, son competencia del Consell. La DGT se encargará de la recogida de datos y de la emisión de las multas.
No todas las competiciones son ilegales. El pasado sábado se celebró el Rallye Pujada al Puig Major (para coches). La carretera permaneció cortada al tráfico desde el sábado y no tenía prevista su reapertura hasta las siete de la tarde del domingo. El colectivo de residentes Indignats MA-10, que desde hace años reclama que se actúe contra todas las carreras en la montaña —tanto legales como ilegales—, señaló que, a causa del rally, los residentes prácticamente se vieron confinados en sus hogares. El grupo también mostró su disconformidad con los campamentos improvisados que se instalaron en los márgenes de la carretera y en propiedades privadas durante los días previos al evento.
En abril se informó de que el ministerio de Medio Ambiente balear había redactado un reglamento para el control de eventos deportivos en la montaña. Colectivos como Tramuntana XXI argumentaron que este debía incluir las carreteras y no solo los caminos y sendas, y aplicarse tanto a pruebas ciclistas como la Mallorca 312 como a las de motociclismo. Las carreteras habían sido excluidas por no estar sujetas a la normativa de protección ambiental.