El Gobierno español anunció este martes la garantía de asistencia sanitaria gratuita para un mayor número de extranjeros en el país. ¿Quiénes acceden ahora al sistema público? ¿Qué documentación deben presentar? ¿Incluye a británicos y ciudadanos de la UE?
Aunque España cuenta con un sistema público de salud universal, no siempre ha estado claro quién tiene derecho a él. Incluso existen contradicciones en la legislación española. Según la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, todos los extranjeros en España —tengan o no residencia legal— tienen derecho a la sanidad pública. Por otro lado, la Ley General de Sanidad (14/1986, de 25 de abril, Artículo 1.2) establece que solo los españoles y los extranjeros que hayan establecido su residencia en el territorio nacional tienen derecho a la protección de la salud.
Técnicamente, solo quienes han cotizado a la Seguridad Social están cubiertos por el sistema público. En la práctica, el acceso a los hospitales públicos para quienes no están "en el sistema" ha dependido a menudo de las normas de cada comunidad autónoma, municipio e incluso centro sanitario. En algunos casos, los médicos han atendido a migrantes sin papeles de forma gratuita; en otros, se ha exigido un copago.
En 2012, el entonces gobierno del PP aprobó una ley que excluía del sistema público a los migrantes sin residencia legal. Esta medida fue revocada por los socialistas en 2018, aunque en los últimos años las barreras administrativas seguían limitando el acceso para ciertos colectivos. El 10 de marzo de 2026, el Ejecutivo buscó blindar la atención gratuita para migrantes en situación irregular y otras personas no cubiertas oficialmente.
¿Qué se ha aprobado exactamente?
El gobierno de coalición ha aprobado un real decreto que regula el procedimiento para reconocer el derecho a la asistencia sanitaria pública a nacionales extranjeros que residen en España sin permiso de residencia. Según el comunicado oficial, se trata de la "consolidación efectiva del principio de universalidad del Sistema Nacional de Salud". El Ministerio de Sanidad afirma que el objetivo es establecer un procedimiento uniforme en todo el territorio para reconocer este derecho, garantizando equidad y mejorando el control de enfermedades mediante la atención primaria.
¿Qué hay que presentar para acceder a la sanidad pública?
La norma establece que el reconocimiento del derecho se realizará mediante una "declaración responsable" que acredite la falta de cobertura sanitaria por otras vías. Según el diario ElDiario.es, para los migrantes irregulares esto implica declarar que no tienen cobertura de la Seguridad Social en otro país, ni seguro privado, ni un visado vigente en España.
¿Se requieren otros documentos?
Según Sanidad, la residencia podrá acreditarse con el certificado de empadronamiento o, en su defecto, con documentación como certificados escolares, facturas de suministros o informes de servicios sociales. Estos documentos deben probar una "residencia efectiva en España (…) de al menos tres meses". "La solicitud activa un documento provisional que permite el acceso a la sanidad desde el primer momento y establece un plazo máximo de tres meses para resolver", explica el ministerio.
¿La norma incluye a otras personas además de los migrantes sin papeles?
Sí. La ley extiende la protección a los españoles de origen que residen en el extranjero y a sus familiares directos durante estancias temporales en España —un derecho que hasta ahora estaba limitado a pensionistas o trabajadores—. Dado que el gobierno no pretende cubrir a extranjeros que ya dispongan de otra cobertura, quienes tengan visados que exijan seguro privado —como el de no lucrativa— no podrán acogerse a esta medida. No obstante, los nacionales de fuera de la UE que nunca se hayan registrado como residentes —como algunos británicos que viven "bajo el radar"— sí deberían poder acceder ahora a la sanidad pública. Los ciudadanos de la UE que no tengan cobertura en su país de origen también podrán hacerlo si cumplen los requisitos.
¿Por qué ha tomado España esta decisión?
Las nuevas normas sobre universalidad van de la mano de la regularización excepcional de más de 500.000 migrantes en situación irregular anunciada recientemente. La visión del gobierno es que estas personas, mayoritariamente en edad laboral y trabajando en la economía sumergida, pueden contribuir a la Seguridad Social y, a cambio, acceder a la sanidad y otros derechos. En resumen: otorgarles papeles, permiso de trabajo y acceso a la salud pública.
Las ONG también han denunciado la vulnerabilidad de los migrantes irregulares ante la sanidad, señalando que la reforma de 2018 no garantizó su acceso a los hospitales públicos debido a interpretaciones incorrectas de la norma en muchos municipios. "Esto hace realidad el derecho a la salud", declaró Mauricio Valiente, director general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). "Nuestro sistema sanitario público nació de la idea de que la salud es un bien común", afirmó la ministra de Sanidad, Mónica García, en X. "Y cuando cuidamos la salud de todos, cuidamos también la cohesión, la convivencia y la dignidad de toda la sociedad".
¿Y la atención gratuita a menores y embarazadas?
España siempre ha mantenido la atención gratuita a niños y embarazadas. Esta nueva legislación reitera esa "protección especial" para los menores de 18 años y las mujeres gestantes —incluido el parto y posparto—, garantizándoles una atención integral.
¿Estos cambios son definitivos?
Sí. La medida fue aprobada por real decreto en el Consejo de Ministros, lo que permite su entrada en vigor sin pasar por el Parlamento, donde el gobierno de coalición de Pedro Sánchez carece de mayoría.