El gobierno español mantendrá mañana, jueves, una reunión con los agentes sociales para proseguir el debate sobre las medidas destinadas a paliar el impacto de la guerra en Irán sobre las empresas, las familias y los trabajadores. Así lo ha avanzado en una entrevista concedida este miércoles el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, principal representante del empresariado en España ante el Ejecutivo, organismos estatales, organizaciones sindicales, partidos políticos e instituciones internacionales, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.
«Ayer por la tarde tuvimos un primer encuentro con la tercera vicepresidenta, ayer se amplió, y mañana tenemos una reunión que, según entiendo, presidirá la primera vicepresidenta, con la asistencia de varios ministerios», explicó Garamendi. El gobierno trabaja en un plan integral, con medidas de carácter inmediato y estratégico, para hacer frente al impacto del conflicto en Oriente Medio, que ha disparado los precios de la energía, con un petróleo muy volátil y un gas al alza.
El Ejecutivo ha argüido que tiene sobre la mesa todas las medidas adoptadas durante la guerra en Ucrania, incluida una posible bonificación a los carburantes, y no descarta aplicarla, si bien desea consultarlo con los agentes sociales y los sectores económicos más afectados por esta crisis. El presidente de la CEOE ha señalado que «son cosas que requieren de un poco más de tiempo» para conocer con exactitud hacia dónde se dirige el mayor impacto del conflicto iraní.
Subrayó que, de intervenirse los precios de la gasolina, la solución no pasa por subvencionar el combustible, sino por aplicar reducciones del IVA como solicitan los propietarios de estaciones de servicio. Preguntado sobre si estaría a favor de reducir a cero el IVA en los alimentos, tal y como sugirió el presidente de Mercadona, Juan Roig, Garamendi afirmó que «en este momento no» y que, en cualquier caso, sería algo que habría que valorar «en función también de cuáles sean los ingresos».
«También es cierto que lo que no puede ocurrir es que el Estado ingrese más dinero por esto», reiteró el líder empresarial, quien apuntó que hay elementos que «se pueden tocar, aunque no bajen a cero», y que se podría desindexar el impuesto sobre la renta, como lleva tiempo reclamando la CEOE. Respecto a las propuestas planteadas por la formación de izquierdas Sumar para mitigar el impacto de la guerra —que incluyen intervenir los mercados de vivienda, alimentación y energía, limitar el precio del alquiler y del gas, imponer un nuevo gravamen a las grandes distribuidoras, reinstaurar el impuesto a las energéticas y rebajar el IVA de los alimentos básicos—, Garamendi las tildó de «puro populismo».
«Es intervencionismo en estado puro, y esa es realmente la mayor razón por la que nadie confía en España», denunció el dirigente. «¿Qué suele pasar con los populistas? Aprovechan las crisis para sacar estos temas, y me da igual que sean de derechas o de izquierdas. Estas fórmulas ya se usaron en países latinoamericanos y antes de la caída del Muro de Berlín. Sinceramente, creo que es un error intentar plantear una cuestión que va contra la economía», argumentó.
Garamendi afirmó que hay que atender a la ciudadanía, pero «eso no significa que venga alguien que, por otra parte, suele no saber nada de economía, ni de empresas, ni de nada, a decirnos cómo hay que hacer las cosas», enfatizó. La posible respuesta replicaría el «escudo» contra la inflación de 2022, implantado tras la escalada de precios energéticos posterior a la invasión rusa de Ucrania.
Aquél paquete incluyó notables reducciones temporales del IVA en productos de primera necesidad: tipo 0% en pan, leche, huevos y fruta, y 5% en aceites y pasta (inferior al tipo reducido general). Estas medidas formaban parte de un programa de apoyo al gasto más amplio, de 22.000 millones de euros, que también limitaba el precio del gas, congelaba el butano, subvencionaba el transporte y apoyaba a los operadores logísticos. El gobierno ha señalado que podría introducirse un paquete similar si se intensifican las presiones inflacionistas. Los responsables también evalúan posibles ajustes en el IVA de la factura eléctrica, otra herramienta utilizada durante la crisis de 2022.