El Ministerio de Sanidad ha anunciado que ESPAÑA garantizará asistencia sanitaria gratuita a “cualquier persona, incluso no residente legal”, una medida que ha desatado temores de someter a los ya saturados hospitales a una presión límite.
Aprobado por el parlamento español el martes, el decreto promete acceso libre a todos los servicios de salud pública “sin prepago ni barreras burocráticas”, según comunicados oficiales.
Hasta ahora, los migrantes indocumentados podían recibir tratamiento en los hospitales españoles, pero solo tras registrarse como residentes. A menores, embarazadas y casos de urgencia se les atendía de oficio, hubiera o no papeles.
No obstante, bajo las nuevas reglas, los solicitantes solo necesitarán presentar una ‘declaración responsable’ – un escrito jurado afirmando que viven en España –, lo que, según el ministerio, agilizará la atención para miles de personas sin documentación en el país.
Mónica García Gómez, ministra de Sanidad, declaró: “Hemos derribado permanentemente todos los obstáculos administrativos en sanidad. Si vives en España, tienes derecho a la atención sanitaria.”
El anuncio provocó la indignación de la oposición, con el partido de ultraderecha Vox tildando la ley de “riesgo de colapso” para el sobreexigido sistema sanitario español.
“¿Acaso pretenden llevar nuestro sistema público de salud a la rodilla?”, exigió Ignacio Garriga, secretario general y vicepresidente de Vox. “No somos una ONG. No somos una caridad. No somos el hospital del mundo”, añadió.
La polémica surge cuando el sistema sanitario público español ya cruje bajo una presión creciente. El último informe nacional de salud de 2024 muestra que la espera media para consultas especializadas aumentó de 65 días en 2014 a 105 días en 2024.
El profesor de planificación y economía de la salud, José Ramón Repullo, advirtió la semana pasada en El País que el sistema español “está desbordado” por las largas listas de espera. “Las visitas al médico de familia han bajado, mientras que las urgencias se han disparado – una señal de que la atención primaria se colapsa”, alertó.
Esta medida coincide con cambios profundos en la política migratoria de España. A principios de año, el gobierno presentó un plan para regularizar a alrededor de 500,000 migrantes indocumentados que actualmente viven en el país.
Los migrantes que llegaron antes de finales de 2025 y sin antecedentes penales podrán solicitar ahora residencia legal y permisos de trabajo, lo que les dará acceso a empleo formal y servicios públicos.
La medida ha suscitado fuertes críticas de los partidos opositores. Alberto Núñez Feijóo, del conservador Partido Popular, advirtió que la política podría “desbordar nuestros servicios públicos”, haciendo eco de la extendida preocupación por la presión sobre hospitales y centros de salud ya al límite.
No obstante, los responsables gubernamentales defienden que la política fortalecerá la economía. La ministra de Migraciones, Elma Saiz, insiste en que la medida es “compatible con el crecimiento económico y la cohesión social”.