La Asociación de Constructores de las Islas Baleares advirtió este miércoles que el alza en los precios del petróleo y los costos energéticos derivados del conflicto en Irán están poniendo en jaque numerosos proyectos de construcción. En un comunicado, el gremio explicó que la guerra impacta de manera directa en los gastos de operación de las constructoras, cuya maquinaria pesada y logística dependen críticamente de este combustible.
Asimismo, agregaron que ello conllevará inevitablemente un incremento adicional en el precio de los materiales de construcción debido a un efecto dominó. Subrayaron que el encarecimiento del crudo está elevando los costos de toda la cadena de suministro. Por un lado, se dispara el gasto en transporte logístico y, por otro, las industrias extractivas y de fabricación de materiales —con una alta dependencia energética— se ven obligadas a trasladar sus costes extraordinarios a productos finales como el cemento, el acero, el aluminio o la cerámica, entre otros.
La asociación señaló que el sector ya venía arrastrando aumentos desorbitados en los costos desde la pandemia. A principios de 2026, los precios de la construcción en las Baleares se mantienen entre un 30 y un 35 por ciento por encima de los niveles previos a la crisis sanitaria.
En una semana, el precio del diésel en el archipiélago ha aumentado 30 céntimos por litro, lo que supone una subida del 25 por ciento. Traducido a un ejemplo práctico del sector, llenar el depósito de una excavadora ahora cuesta entre 75 y 100 euros más por apenas día y medio de uso.
Ante este escenario de emergencia, el gremio ha solicitado al gobierno autonómico que traslade al ejecutivo central la necesidad urgente de adoptar soluciones que ya demostraron su eficacia en crisis anteriores, como las subvenciones al gasóleo, la revisión de precios en contratos públicos, una reducción de la carga fiscal y la actualización de los presupuestos de licitación para contratos de más de un año de duración.
Según el colectivo, de no tomarse medidas urgentes, podría producirse una paralización tanto de las obras públicas como de las privadas. En el ámbito de la obra pública, han alertado de que la situación es crítica y consideran que, si la administración no actualiza los presupuestos de licitación para reflejar la realidad del mercado, se producirá un nuevo incremento de las licitaciones desiertas.
En la obra privada, la prolongación temporal del conflicto podría generar incumplimientos en los plazos de ejecución de promociones de vivienda y derivar en subidas de costes no deseadas en el actual contexto de emergencia habitacional, explicaron.