La comunidad de propietarios de unos apartamentos en Puerto de Alcudia ha denunciado al que fuera su presidente por supuestamente desfalsar al menos 129.000 euros; cargo que ocupó durante unos treinta años. Los propietarios han interpuesto una demanda solicitando una investigación penal contra el ex presidente, quien también ejercía como administrador de la finca y percibía una remuneración. Cobraba un salario mensual de 3.000 euros por gestionar la recaudación de derramas y organizar el mantenimiento.
Tras su sustitución, un análisis de las cuentas comenzó a revelar actividad sospechosa. Según la denuncia, se detectan múltiples irregularidades contables: ingresos registrados que no se corresponden con entradas reales de efectivo, deudas canceladas sin justificación, y movimientos de fondos entre cuentas de la comunidad que no obedecen a ninguna actividad real y carecen de factura o documentación que los ampare.
El informe en el que se basa la demanda concluye que dichas irregularidades generaron un perjuicio económico para los propietarios. El presidente recaudaba en efectivo las cuotas de los vecinos, pero los ingresos en la cuenta no cuadran.
Se imputan otros conceptos cuyo coste está por cuantificar. Entre ellos, el uso durante varios años de un espacio comunitario para operar su negocio privado de agencia inmobiliaria. Al parecer, el presidente redactó un contrato de arrendamiento por ello a cambio de 2.000 euros anuales, muy por debajo del valor de mercado. No se halla constancia alguna de que dicha cantidad llegara a abonarse.