En la zona comercial bajo la Plaça Major de Palma existen 25 locales de propiedad privada. Estos serán expropiados como parte del proyecto del ayuntamiento para la remodelación de la plaza. En el futuro, no habrá espacio subterráneo. En su lugar, se creará un nivel superior y otro inferior abierto, conectados mediante escalinatas.
El consistorio ha destinado 4,2 millones de euros para la expropiación de los locales y las zonas comunes. Algunos propietarios calculan que recibirán apenas 120.000 euros —”una miseria” para un negocio en el centro de la ciudad—. Esta valoración es inferior al precio que se pide por una plaza en el aparcamiento de la Plaça Major, que se encuentra en venta por 130.000 euros.
Para los dueños, la degradación de la zona comercial se remonta a 2014, cuando una deficiente planificación municipal respecto a los locales de titularidad pública inició un proceso de deterioro. Esta situación empeoró en 2019, cuando el ayuntamiento optó por no renovar el 70% de las concesiones (las de su propiedad). Esto afectó al 30% restante en manos privadas.
Uno de los propietarios alega que existe un trato desigual. “Se trata de una estrategia expropiatoria que pretende adquirir inmuebles en el corazón del casco histórico a precios muy por debajo de su valor de mercado”. Los locales comerciales de la zona se venden por más de 6.000 euros el metro cuadrado, un precio que ni siquiera considera los valores superiores de los comercios en la calle Sant Miquel.
Las valoraciones no ofrecen a los propietarios la oportunidad de adquirir alternativas equivalentes en la zona. “Esto supone un perjuicio económico directo, especialmente para quienes consideran estos locales su único patrimonio familiar. Nuestros establecimientos no son meros negocios; forman parte de la identidad de la Plaça Major. No se nos dio la oportunidad de renovarlos o reinventarlos en condiciones justas.
“La decadencia de la zona es consecuencia directa de decisiones municipales y no de la actividad privada. Cuestionamos si la expropiación responde únicamente al interés público. Exigimos un diálogo genuino, transparencia y respeto por nuestro derecho a decidir.”