España se enfrenta a una oleada de desahucios que podría alcanzar los miles tras el rechazo parlamentario, una vez más, a la prórroga de una protección clave en materia de vivienda instaurada durante la pandemia.
Esta moratoria fue diseñada para proteger a familias vulnerables de ser expulsadas de sus hogares durante la Covid si se veían incapaces de afrontar el alquiler o la hipoteca. La medida permitía a los jueces suspender temporalmente los lanzamientos mientras los servicios sociales buscaban soluciones habitacionales.
En marzo de 2020, Pedro Sánchez afirmó: "No solo se prorrogará la moratoria para evitar desahucios por impago de hipotecas, sino que también se ampliará su ámbito para que el decreto incluya más casos de vulnerabilidad familiar". Pablo Iglesias, fundador de Podemos, añadió: "El Gobierno también va a paralizar algunos desahucios por impago de alquiler en mercados de tensión alta donde operen fondos buitre".
Sin embargo, los diputados del Congreso votaron esta semana en contra de extender la moratoria. El Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya se opusieron al decreto, alegando que incentivaba la ocupación ilegal, un tema políticamente sensible. Miriam Nogueras de Junts defendió la postura: "Red de seguridad social, sí; ocupación, no". No obstante, los críticos argumentan que, paradójicamente, la medida también podría dificultar a los propietarios recuperar sus viviendas si son ocupadas.
Un informe reciente estima que cuatro de cada diez inquilinos en España están en riesgo de pobreza o exclusión social. Los activistas alertan de que la decisión podría dejar entre 60.000 y 70.000 hogares vulnerables en riesgo de desahucio en los próximos meses, agravando lo que los expertos denominan una emergencia habitacional.
Fuera del parlamento, grupos contra los desahucios han protestado advirtiendo de un alud de lanzamientos. "El mensaje del Congreso es claro: la vivienda es un negocio, no un derecho", argumenta el Sindicato de Inquilinos. Otro problema es el aumento de los "desahucios invisibles", donde el inquilino es forzado a irse antes de cualquier proceso legal.
Alejandra Jacinto, abogada del CAES, declaró: "Es inaceptable en un estado democrático de derecho que, de repente, no haya protección al enviar a personas vulnerables a la calle". Se calcula que medio millón de contratos de alquiler firmados durante la pandemia terminan este año, dejando a mucha gente desprotegida.
Según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, la moratoria evitó que unas 1,5 millones de personas cayeran en la pobreza en los últimos años. Su fin elimina una de las pocas herramientas legales para frenar los procedimientos mientras se buscan alternativas.
La dificultad económica se debe en gran parte al alza de los alquileres; casi un 18% de los inquilinos tiene problemas para cubrir necesidades básicas. El Consejo General del Poder Judicial reportó 27.564 lanzamientos ejecutados en 2024, un 3,4% más que el año anterior. Cataluña lideró las estadísticas (26% del total, 5.539 casos), seguida de Andalucía (4.027), la Comunidad Valenciana (3.610) y Madrid (2.375).
Los defensores de la vivienda advierten que, al quedar sin efecto la moratoria, los procedimientos previamente paralizados podrían reactivarse en los juzgados de toda España.
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