Las nuevas normas españolas de declaración anual apuntan a los anuncios de alquiler de temporada en plataformas como Airbnb.
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Si alquilas una vivienda vacacional o de temporada en España, existe una nueva norma vigente este año que realmente no puedes permitirte ignorar. Los propietarios disponen ahora hasta el 2 de marzo de 2026 para presentar un informe anual obligatorio vinculado al Registro Único de Alquiler (RUA) – y la omisión de este trámite podría conllevar sanciones de hasta 150.000 euros, además de la pérdida del derecho a operar legalmente.
Esta medida, que entró en vigor el 1 de enero bajo el Real Decreto 1312/2024, forma parte del endurecimiento del control gubernamental sobre los alquileres temporales y turísticos. Y aunque no se trata de un nuevo impuesto, sí constituye una nueva traba administrativa – con consecuencias graves en caso de incumplimiento.
¿Qué es la nueva declaración obligatoria de alquileres en España?
En términos simples, es una declaración informativa anual. Los arrendadores deben informar sobre la actividad desarrollada en su inmueble de alquiler de temporada durante el año natural 2025.
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Esto implica declarar:
- Que el inmueble se destinó a alquiler temporal o turístico.
- El tipo de estancias ofertadas.
- Una relación anonimizada de los contratos formalizados.
El formulario debe presentarse en línea a través de la plataforma electrónica del Colegio de Registradores.
Es crucial destacar que esta obligación aplica incluso si la propiedad tuvo muy poca actividad – o incluso nula. Si posees un número de inscripción en el sistema RUA y ofreciste la propiedad para alquiler de corta duración en 2025, se espera que declares.
El objetivo, según el Gobierno, es mejorar la supervisión del mercado de estancias breves y garantizar un control adecuado sobre el uso que se da a estos inmuebles.
El plazo del 2 de marzo: por qué es importante
El período de presentación se abrió el 1 de febrero de 2026. Dado que el 28 de febrero cae en sábado, el plazo efectivo se ha trasladado al lunes 2 de marzo.
Si no se cumple, las consecuencias económicas pueden ser severas.
Las sanciones parten de 3.000 euros para infracciones leves, pero en los casos más graves pueden ascender hasta los 150.000 euros.
Y no es solo una cuestión monetaria. Las autoridades también pueden retirar el número de registro de la propiedad. Sin él, no se puede anunciar o alquilar el inmueble legalmente, y los anuncios en plataformas como Airbnb o Booking podrían ser eliminados.
Para los propietarios que dependen de los ingresos estacionales, esto podría suponer un golpe significativo.
¿Quién está exactamente obligado a cumplir?
Afecta a los propietarios que:
- Alquilan inmuebles a corto plazo o con fines turísticos.
- Poseen un número en el Registro Único de Alquiler (NRUA).
- Ofrecieron la propiedad durante el año 2025.
Incluso si las reservas fueron mínimas – o no hubo huéspedes en absoluto – el requisito sigue aplicándose.
El nuevo modelo de declaración emana de la legislación aprobada a finales de 2025 por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Refleja un impulso más amplio para dotar de mayor transparencia y control al sector del alquiler temporal en España, el cual ha enfrentado un escrutinio creciente en los últimos años.
Para los arrendadores, especialmente los propietarios extranjeros que quizá no estén familiarizados con el sistema administrativo español, esta es una fecha límite que merece marcarse con claridad en la agenda.
Porque en 2026, descuidar el papeleo podría resultar mucho más costoso que perder una reserva.