El legendario cantante Julio Iglesias ha amenazado con denunciar a la vicepresidenta del Gobierno de España, Yolanda Díaz, tras calificarlo ella de “depredador sexual”.
Díaz, integrante de la formación de izquierdas Sumar, también afirmó que Iglesias trataba a sus empleados como “esclavos” y gestionaba sus propiedades bajo “una estructura de poder basada en la agresión permanente”, según los abogados del artista.
Estas declaraciones surgieron en el contexto de unas acusaciones de agresión sexual –posteriormente archivadas– presentadas por dos antiguas empleadas del cantante en sus mansiones del Caribe, en la República Dominicana y las Bahamas.
Las mujeres, una empleada doméstica y una fisioterapeuta, declararon haber sufrido abusos sexuales por parte del cantante, de 82 años, mientras trabajaban para él en 2021.
Los tribunales españoles acabaron archivando la causa al haberse producido los presuntos delitos fuera del territorio nacional –una resolución que, según han señalado los jueces, no equivale a una absolución.
Los letrados de Iglesias han exigido ahora a Díaz que se retracte de sus palabras, reconozca “el daño causado” y “abone una indemnización… en función de la difusión que hayan tenido las expresiones injuriosas” –todos ellos trámites previos obligatorios para interponer una demanda por difamación.
Díaz ha replicado en la red social Bluesky: “Defiendo a las mujeres trabajadoras frente a quien atente contra su dignidad o sus derechos, y no voy a parar. Demanda o no demanda, las mujeres ya no vamos a callar”.
El conflicto se origina en un mensaje que Díaz publicó en Bluesky el 13 de enero, poco después de que las acusaciones se hicieran públicas en medios de todo el mundo. “Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente”, escribió.
Al día siguiente, en una entrevista televisiva, la vicepresidenta añadió: “Me parece aterradora, de verdad terrorífica, la investigación que hemos conocido estos días. Reúne toda la vulneración de derechos humanos sobre mujeres que además estaban en una situación de extrema vulnerabilidad”.
En esa misma intervención, la ministra se refirió al cantante como “presunto agresor”. Los abogados de Iglesias criticaron con dureza que Díaz tildara a las antiguas empleadas de “víctimas”, subrayando que sus acusaciones no habían sido probadas en un juzgado, y argumentaron que sus palabras podían generar entre el público un prejuicio de “culpabilidad” sobre su cliente.
“Ni ha estado investigado ni ha sido sospechoso en ningún momento”, afirmó José Antonio Choclán, uno de los letrados del artista.
Las alegaciones archivadas se presentaron inicialmente ante la justicia española el 23 de enero. Tras su sobreseimiento, un escrito de la Fiscalía consultado por Reuters señalaba que la persecución del caso aún podría llevarse a cabo en la República Dominicana y las Bahamas, lugares donde se habrían producido los hechos.
El escándalo salió a la luz cuando las denunciantes acusaron a Iglesias de someterlas a “toqueteos inapropiados, insultos y humillaciones… en una atmósfera de control y acoso constante”, que incluía revisar regularmente sus teléfonos móviles y restringir su libertad para abandonar su lugar de trabajo.
Una de las mujeres, identificada con el pseudónimo Rebeca, relató que Iglesias la llamaba a su habitación y la penetraba anal y vaginalmente con los dedos. “Me utilizaba casi todas las noches”, declaró al medio digital elDiario.es. “Me sentía un objeto, una esclava”.
Otra mujer, bajo el seudónimo Laura, afirmó que el cantante la besó y le tocó los pechos sin su consentimiento.
Estas acusaciones son el resultado de una investigación de tres años realizada por elDiario.es, que también publicó documentos que sugieren que Iglesias –el cantante español más exitoso comercialmente de la historia, con más de 300 millones de discos vendidos– exigía a las mujeres que trabajaban para él someterse a pruebas de enfermedades de transmisión sexual.