Los diputados del PP y Vox en el Parlamento balear rechazaron esta semana una proposición para limitar la compra de viviendas a no residentes, la última de una serie de medidas diseñadas para paliar las tensiones del mercado en el archipiélago.
Las formaciones de derechas en la cámara autonómica han votado en contra de una iniciativa que pretendía restringir la adquisición de inmuebles por parte de extranjeros no residentes en las islas.
El Partido Popular, junto al ultraderechista Vox, rechazó la medida para limitar temporalmente la compra de vivienda por no residentes en municipios declarados ‘bajo presión’, así como impedir su adquisición por entidades jurídicas y otra iniciativa que reclamaba impuestos más severos para las viviendas de lujo y los grandes tenedores.
Para los observadores políticos de las islas, esto no supone ninguna sorpresa. La presidenta del Govern balear y miembro del PP, Marga Prohens, afirmó recientemente en Ibiza que resulta “imposible” que la Unión Europea permita prohibir la compra de vivienda por extranjeros, al menos por ciudadanos comunitarios.
La proposición habría regulado que, en aquellos municipios donde se aprobase por mayoría absoluta, solo pudiesen adquirir propiedad las personas físicas residentes en Baleares durante al menos tres años y que no fuesen ya propietarias de otra vivienda, con la obligación de mantener la residencia efectiva durante una década.
Los partidos de derechas alegan que la medida sería ineficaz y potencialmente ilegal.
No es la primera vez que las fuerzas conservadoras en España se alían para tumbar propuestas destinadas a limitar el acceso foráneo al mercado inmobiliario español, como ya ocurrió en mayo de 2025, cuando PP y Vox rechazaron una iniciativa presentada en el Congreso y Senado para limitar la compra de vivienda por extranjeros tanto en Baleares como en Canarias.
No obstante, el ultraderechista Vox ha transmitido en ocasiones mensajes contradictorios al respecto. En noviembre, el partido registró una proposición en el Congreso para aumentar los impuestos a los compradores extranjeros en España, con el fin de destinar esos fondos a beneficios fiscales para ciudadanos españoles y promover la construcción de vivienda protegida.
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Durante la sesión plenaria del martes, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, argumentó que la necesidad de regular las compras por no residentes no obedece a la escasez sino a la desenfrenada especulación en el mercado: “No tenemos un problema de escasez, sino de uso y especulación”, afirmó.
Las Islas Baleares han estado a la vanguardia del volátil mercado inmobiliario español y del movimiento antiturístico surgido como reacción.
El archipiélago lidera a España en ventas a extranjeros. El treinta y ocho por ciento de las propiedades vendidas allí entre 2007 y 2025 fueron adquiridas por foráneos, según datos recientes del Consejo General del Notariado.
Apesteguia advirtió también a los partidos de derechas que “no habrá bandera suficientemente grande para tapar la vergüenza de quienes hoy voten en contra de esta ley”.
“Se trata de cómo usamos la vivienda y de si quienes la compran es para habitarla o para especular”, añadió, dirigiéndose a los escaños del PP y Vox. “Quizá su patria sea la especulación y sus compatriotas los especuladores.”
Los portavoces de Vox y del PP cuestionaron la legalidad y la eficacia de la medida propuesta.
Durante el debate, la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, sostuvo que el proyecto no soluciona el problema, sino que es “jurídicamente frágil, económicamente contraproducente y políticamente inconsistente con la defensa del interés nacional”.
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La diputada popular Margalida Pocoví criticó el “oportunismo” de la proposición.
“No podemos apoyar una propuesta que es inconstitucional, contraria al derecho europeo, técnicamente inviable y que interfiere en la libertad y los derechos de los residentes en Baleares”, aseveró.
En la misma sesión, los representantes del PP y Vox rechazaron también otro proyecto de ley destinado a frenar la especulación inmobiliaria mediante un llamado impuesto de lujo. La medida proponía un aumento gradual de los tributos para las grandes transacciones inmobiliarias y para quienes poseen varias propiedades.
Baleares es la comunidad con mayor número de viviendas en manos de grandes tenedores en España, es decir, aquellos que poseen más de una decena de propiedades: un total de 26.061 hogares, lo que representa el 4,53 por ciento del parque total de viviendas de las islas (574.813), según una investigación del medio español El Diario con datos del Catastro.
Los datos también revelan que 6.672 viviendas en las islas pertenecen a propietarios que poseen más de cien inmuebles, el 1,16 por ciento del total.
Las Islas Baleares son también la zona de España con mayor concentración de viviendas de lujo, con precios superiores al millón de euros, y de ultra lujo, aquellas con precio superior a los tres millones, según datos de Idealista publicados en agosto de 2025.
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