Apenas cinco semanas después de que el Congreso de España rechazase una prohibición nacional de los velos islámicos integrales, el asunto ha resurgido —esta vez en Orihuela.
El jueves, el Partido Popular (PP) se alió con su socio de gobierno, Vox, para impulsar una moción en el Ayuntamiento de Orihuela destinada a vedar el acceso a los edificios municipales a quienes porten indumentaria que cubra total o parcialmente el rostro.
Esta maniobra se produce pese a que el Congreso rechazó el mes pasado la propuesta de Vox de prohibir a nivel nacional el burka y el niqab en espacios públicos.
Lo que estipula la moción de Orihuela
La medida aprobada insta al Ayuntamiento a redactar una normativa que prohíba el acceso a dependencias municipales a aquellas personas cuya vestimenta impida la identificación visual.
El texto original hacía referencia explícita a los velos islámicos integrales, afirmando que:
“La utilización de prendas sin raigamen en España que cubran el rostro total o parcialmente, como el niqab o el burka, impide objetivamente la identificación visual y dificulta el desempeño de funciones públicas, con independencia de la motivación personal, cultural o religiosa de quien las porta.”
La restricción se enmarca como un requerimiento administrativo “objetivo” para garantizar la seguridad y la verificación de identidad —no, insisten sus promotores, un ataque cultural o religioso.
La furia de la oposición y escenas dramáticas
El debate derivó rápidamente en acalorados intercambios.
Ciudadanos (Cs) ofreció su apoyo a la propuesta —pero solo si Vox eliminaba las referencias explícitas a los velos islámicos. El portavoz José Aix objetó lo que consideró una redacción inflamatoria y exigió un texto neutro centrado únicamente en los requisitos de identificación.
El concejal de Vox, Manuel Mestre, indicó inicialmente estar abierto a enmiendas. Sin embargo, el reglamento municipal exige consentimiento unánime para modificar una moción durante la sesión. Leticia Pertegal, de Cambiemos, se negó rotundamente, declarando: “No estamos dispuestos a blanquear una moción con trasfondo racista.”
Tras nuevas discusiones, Cambiemos sugirió que podría permitir el cambio. Pero, tras un breve receso concedido por el alcalde Pepe Vegara, Mestre retiró su disposición a modificar la redacción.
Defendió la propuesta sin rodeos:
“La libertad religiosa es fundamental, pero no absoluta. La igualdad ante la ley implica que todos deben ser identificables ante la Administración.”
Insistió en que el tema era “estrictamente administrativo” y no un debate religioso.
Pertegal escaló la confrontación, tildando a Vox de “partido machista y misógino” que “genera conflicto donde no lo hay” y utiliza “debates estériles para tapar una mala gestión.”
Mestre replicó condenando sus palabras como insultantes y sugiriendo que “tomase algo para tranquilizarse.”
Mientras, el concejal del PP, Víctor Valverde, defendió el apoyo de su partido alegando motivos de seguridad.
La propuesta fue aprobada con los votos de Vox y el PP.
Un impulso regional más amplio
Orihuela no es un caso aislado. En distintas localidades de las regiones de Alicante y Murcia, varios ayuntamientos debaten o impulsan medidas similares —generalmente promovidas por Vox y a menudo con el apoyo del PP.
En la ciudad de Alicante, Vox ha presentado una propuesta para prohibir el burka o el niqab en oficinas municipales. La iniciativa sigue en fase de debate.
En Lorca (Murcia), el pleno municipal ya ha aprobado una moción —respaldada por Vox y el PP— para prohibir los velos integrales en edificios municipales, citando preocupaciones de identificación y seguridad. La medida se aprobó pese a la oposición del PSOE y otros partidos de izquierda.
Discusiones o mociones de estudio similares han surgido en municipios como Cartagena y Jumilla.
La cuestión jurídica
No obstante, expertos legales advierten que los municipios podrían pisar tereno pantanoso.
Según el derecho constitucional español, las entidades locales no tienen atribuidas de forma clara las competencias para restringir derechos fundamentales como la libertad religiosa. Prohibiciones municipales previas de cubrimiento del rostro fueron anuladas por el Tribunal Supremo, que dictaminó que dichas limitaciones requieren una legislación de ámbito estatal.
Por ahora, la batalla en torno a los velos integrales dista mucho de estar resuelta —trasladándose del Congreso a los ayuntamientos y provocando encendidos enfrentamientos políticos allí donde surge.